Cobertura, texto y fotos: Asier Vera
La jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, ha condenado a entre 6 y 25 años de prisión a siete funcionarios de Guatemala por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ocurrido el 8 de marzo de 2017, mientras que ha absuelto a un exfuncionario que estaba acusado de cuatro delitos.
Los hechos ocurrieron cuando se encerraron ilegalmente en un aula bajo llave a 56 niñas que estaban en protección y abrigo tuteladas por el Estado de Guatemala, quienes habían intentado huir el día anterior de este lugar al denunciar ser víctimas de violaciones, abusos sexuales, maltrato, hacinamiento y comida en mal estado. Tras confinarlas, les impidieron ir al baño, por lo que una de ellas incendió una de las 22 colchonetas que les dieron para dormir con el fin de que las liberaran, si bien la subinspectora de la policía que custodiaba el aula, Lucinda Marroquín, tardó 9 minutos en abrir la puerta, pese a las llamas.
Tras más de año y medio de juicio y 120 audiencias, Cifuentes ha emitido esta mañana una sentencia que contempla penas de cárcel muy inferiores a las solicitadas por el Ministerio Público que ascendían hasta los 131 años de cárcel en algunos casos. Asimismo, ha ordenado al Ministerio Público investigar al expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, por estos hechos.
Concretamente, la jueza ha condenado al exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), Carlos Rodas, a 25 años de prisión por los delitos de homicidio culposo (8 años), maltrato contra personas menores de edad (5 años conmutables a razón de 100 quetzales diarios, el equivalente a 12 euros), incumplimiento de deberes (6 años) y abuso de autoridad (6 años). Asimismo, le ha absuelto del delito de lesiones culposas que se subsume en homicidio culposo y se le inhabilita para empleo público durante 4 años.
También ha sentenciado a 25 años de cárcel al exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres, por los delitos de homicidio culposo (8 años), maltrato contra menores de edad (5 años conmutables a razón de 50 quetzales diarios, el equivalente a 6 euros), incumplimiento de deberes (6 años), abuso de autoridad (6 años). Asimismo, le ha absuelto del delito de lesiones culposas y se le inhabilita para ejercer cargo público durante 4 años.
Cifuentes también ha sentenciado a 17 años de prisión a la exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato en todas sus formas de la SBS, Brenda Chamán por los delitos de maltrato contra menores de edad (5 años conmutables a razón de 50 quetzales diarios), incumplimiento de deberes (6 años) y homicidio culposo (6 años), mientras que la ha absuelto del delito de lesiones culposas.
Por otro lado, ha condenado a la subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), Lucinda Marroquín a 13 años de cárcel, por los delitos de homicidio culposo (8 años) y maltrato contra personas menores de edad (5 años inconmutables), mientras que la ha absuelto de lesiones culposas. Por su parte, ha condenado a 11 años de cárcel al subcomisario de la PNC, Luis Armando Pérez Borja, por los delitos de maltrato contra personas menores de edad (5 años conmutables a 50 quetzales diarios, el equivalente a 6 euros) y por abuso de autoridad (6 años). También le inhabilita para cargo público por el plazo de 4 años.
La última persona en ser condenada ha sido la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro, quien ha sido sentenciada a 6 años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y también se le ha inhabilitado para ejercer cargo público durante 4 años.
Mientras, el exjefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) Harold Flores ha sido absuelto de todos los delitos de los que le acusaba la Fiscalía: maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas.
INVESTIGAR A JIMMY MORALES
En su sentencia, la jueza del Tribunal Séptimo ha ordenado a la Fiscalía que investigue al expresidente de Guatemala, Jimmy Morales (2016-2020) por la orden telefónica que dio el 7 de marzo de 2017 al entonces jefe de la comisaría 13, Wilson Petronilo López Maldonado, para que llegaran 100 agentes policiales más al Hogar Seguro, a pesar de que el comisario había decidido retirar a la policía del lugar. Cifuentes también ha ordenado al Ministerio Público que investigue al entonces asesor de Jimmy Morales, Carlos Abel Beltetón, quien se presentó al Hogar Seguro el 7 de marzo de 2017 y, a través de su teléfono, el presidente del país centroamericano dio la citada orden al comisario de policía.
La audiencia comenzó con la última palabra de las siete personas acusadas en la causa judicial. Todas ellas se declararon inocentes y criticaron la investigación del Ministerio Público al considerar que no fue objetiva ni imparcial. La exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH, Gloria Castro, llegó incluso a pedir a la jueza que certifique lo conducente al Ministerio Público para que “investigue al fiscal y a los auxiliares fiscales” a quienes acusó de haber “tergiversado la ley de protección integral a la niñez”. “Ha sido duro y difícil perder una trayectoria de vida habiendo sido criminalizada maliciosamente por el Ministerio Público”, denunció Castro.
Por su parte, Lucinda Marroquín subrayó que ella no trabajaba en el Hogar Seguro, sino que “simplemente, llegué a prestar un apoyo”. Asimismo, pidió a la jueza que fuese “justa” porque, a su juicio, “las pruebas no han sido suficientes”. Tras lamentar lo sucedido el 8 de marzo de 2017, remarcó que ella, como madre “no es capaz de cometer cosas que aquí se me ha hecho ver”.
Todo surgió a partir de una revuelta por parte de 56 niñas que el 7 de marzo de 2017 decidieron escapar del Hogar Seguro, una institución pública destinada a proteger y abrigar a menores de 18 años, cuyos derechos se habían vulnerado. Lejos de cumplir esta función, el hogar era un infierno dado que allí sufrían violaciones, abusos sexuales, maltratos, hacinamiento y comida en mal estado, hasta el punto de que una de las internas, de 14 años, llegó a ser asesinada en el interior el 19 de octubre de 2013.
Tras la huida, la policía logró capturarlas y las condujo de nuevo al portón del Hogar Seguro, a la espera de que las autoridades del Gobierno de Guatemala tomaran una decisión sobre qué hacer con ellas tras haber abandonado el proceso de protección ordenado en su día por un juez. El protocolo indicaba que debían ser presentadas de nuevo ante una autoridad judicial para que resolviera su situación, pero nunca se tomó esa decisión.
Las niñas permanecieron once horas a la intemperie custodiadas por agentes de policía que las golpearon, vejaron e incluso una monitora les lanzó gas pimienta. A las 03.00 horas del 8 de marzo, las encerraron bajo llave en un aula del Hogar Seguro y les dieron 22 colchonetas para dormir en un espacio en el que tenían menos de un metro cuadrado para cada una de ellas. Cuando amaneció, varias de ellas solicitaron ir al baño, si bien las agentes de policía que custodiaban el aula se negaron, por lo que se vieron obligadas a hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo espacio en el que estaban confinadas ilegalmente.
“QUE SE QUEMEN ESAS HIJAS DE LA GRAN PUTA”
Esta situación provocó que una de las 56 niñas, con el ánimo de que las liberaran, incendió una de las colchonetas, si bien las llamas se extendieron rápidamente por el resto de colchonetas y, pese a sus gritos de auxilio y golpes y patadas contra la puerta, la subinspectora de la Policía Lucinda Marroquín, que tenía la llave del aula, tardó nueve minutos en abrirles la puerta, tal como ha constatado la jueza. Pese a que las demás agentes le advertían de que las niñas se estaban quemando, Marroquín llegó a decir ‘que se quemen esas hijas de la gran puta’. Ello causó en un principio la muerte de 19 de ellas por asfixia, mientras que en los días siguientes fallecieron en los hospitales otras 22 por las graves quemaduras.
Asimismo, 15 niñas sufrieron heridas graves e incluso amputaciones de partes de su cuerpo, por lo que 9 de ellas tuvieron que ser trasladadas a Estados Unidos para ser curadas e incluso a día de hoy dos de ellas permanecen aún en ese país recuperándose. Según el peritaje de incendios, que es la prueba reina con la que cuenta el Ministerio Público, las niñas estuvieron expuestas durante nueve minutos a una temperatura superior a los 300 grados con menos de un 21 por ciento de oxígeno necesario para poder sobrevivir.
Tras la sentencia de este 12 de agosto, aún quedan pendientes en el proceso judicial otras cuatro personas, quienes aún deben enfrentar el próximo 16 y 17 de octubre la Audiencia de Etapa Intermedia en la que el juez del Juzgado Cuatro de Instancia Penal debería decidir si los envía o no a prisión.
Se trata de la exjueza del Juzgado de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, el secretario de ese Juzgado de Paz, Romeo Rolando Miranda, la Coordinadora del área de Mi Hogar del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas de la SBS, Ofelia María Pérez Campos y la monitora del centro Gorriones de privación de libertad de adolescentes Cruzy Flor de María López.
DROGAS Y MALTRATOS
Durante la sentencia de hoy, la jueza ha ordenado a la Fiscalía investigar los maltratos que sufrían las niñas en el hogar de protección, así como los vejámenes que sufrieron el 7 de marzo de 2017 por parte de agentes de la Policías que las golpearon con porras y escudos, e incluso las llegaron a esposar obligándolas a tirarse al suelo.
Cifuentes también ordenó investigar por qué no fue posible escuchar los audios de las declaraciones en anticipo de prueba de ocho de las 15 niñas sobrevivientes. Concretamente, declararon 13, si bien solo fue posible escuchar a cinco de ellas.
Finalmente, la magistrada ordenó investigar la presencia de drogas terapéuticas como el diazepan en el cuerpo de varias niñas fallecidas para establecer si fueron suministradas en los hospitales o si ellas las tomaron previamente al incendio. El próximo jueves, se celebrará la audiencia de reparación digna en la que la jueza determinará la indemnización del Estado de Guatemala a las 15 niñas sobrevivientes y a las familias de las 41 fallecidas, que consideraron hoy que la sentencia no cumple las expectativas que tenían, aunque sí valoraron el hecho de que se vaya a investigar al expresidente Jimmy Morales.
