Texto y fotos: Asier Vera

La subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), Lucinda Marroquín, podrá continuar con su abogado, Jorge Héctor Ernesto Paul Pineda, mientras que, por el contrario, el subcomisario Luis Armando Pérez Borja está obligado a cambiar a su defensa conformada por Julio Guillermo Rendón Valenzuela y Edwin Abel Gómez Pastor, quienes ya no podrán representarlo en la audiencia de apertura a juicio prevista para este martes 7 de febrero a partir de las 09.00 horas.

Así lo ha decretado la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vannesa Cifuentes, en ambas resoluciones del 31 de enero y 1 de febrero a las que tuvo acceso Nuestras Historias y en las que, por un lado, ha declarado con lugar el recurso de reposición presentado por Pineda, mientras que ha declarado sin lugar el planteado por Rendón y Gómez.

Las excusas planteadas por estos abogados provocaron que el juicio se suspendiera por undécima ocasión ante la incomparecencia de la defensa de los dos funcionarios policiales, que son las únicas personas de las 12 sindicadas que se encuentran en prisión preventiva desde el 12 de junio de 2017. En la audiencia del 26 de enero, Cifuentes rechazó ambas excusas y declaró el abandono de la defensa, pese a la protesta de Marroquín y Pérez Borja que le pidieron que reconsiderase su decisión.

Concretamente, los abogados de Luis Armando Pérez Borja, acusado de los delitos de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad, presentaron un recurso de reposición en contra de la resolución de la jueza del Tribunal Séptimo del pasado 26 de enero. Ambos abogados, según explica la resolución de la jueza, habían presentado el día anterior a las 15.00 horas un memorial de excusa, el cual “por la premura de la hora en la que fue presentado fue resuelto en audiencia del día 26 de enero en la cual se resolvió rechazar el mismo, declarando el  abandono de la defensa de dicho acusado”. Como consecuencia, se ordenó oficiar al Instituto de la Defensa Pública Penal para que le sea designado un abogado defensor de la institución, aunque el acusado puede nombrar un letrado de su confianza.

Cifuentes recuerda que ambos profesionales encargados de defender a Pérez Borja manifestaron en su excusa tener señalada otra audiencia a la misma hora y fecha que la audiencia de apertura a juicio por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017.  

Tras la decisión de la jueza de dejarles fuera del Caso Hogar Seguro, Rendón y Gómez interpusieron un recurso de reposición solicitando que se revoque la resolución del 26 de enero al acreditar su comparecencia ese mismo día al Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, donde se iba a llevar a cabo una audiencia de discernimiento de cargo de unos peritos en relación a otro caso a las 08.30 horas, la cual fue suspendida.

De acuerdo a la resolución, la jueza indica que para la citada audiencia, que coincidía en fecha y hora con la del inicio del juicio, figuraba “únicamente como abogado director de los sindicados de ese proceso el profesional Julio Guillermo Rendón Valenzuela, no así el abogado Edwin Abel Gómez Pastor”.

Pese a que el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal constató que ambos letrados estuvieron presentes, la jueza insiste en que únicamente el abogado Rendón Valenzuela estaba convocado a la audiencia en dicho órgano jurisdiccional, por lo que deduce que pudo presentarse cualquiera de los profesionales al inicio del debate del Caso Hogar Seguro señalado por parte del Tribunal Séptimo. Por este motivo, Cifuentes considera que “efectivamente, se abandonó la defensa” de Pérez Borja, ya que el abogado Edwin Abel Gómez Pastor “no estaba convocado” a la audiencia del Juzgado Sexto y, sin embargo, se apersonó.

Por tanto, la jueza añade que “al no designar abogado sustituto para la audiencia señalada del 26 de enero en el Tribunal Séptimo, deviene procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto por Rendón y Gómez”, de manera que se nombrará un nuevo abogado de la Defensa Pública Penal para el subcomisario de la PNC, quien también podrá designar a un letrado de su confianza para el inicio del debate oral y público previsto para este miércoles contra ocho personas acusadas.

LUCINDA MARROQUÍN MANTENDRÁ A SU ABOGADO

En su segunda resolución, la jueza del Tribunal Séptimo declaró con lugar el recurso de reposición planteado el 31 de enero por Jorge Héctor Ernesto Paul Pineda, abogado de Lucinda Marroquín, quien el 25 de enero, un día antes del inicio del debate, presentó un memorial de excusa a las 15.15 horas, el cual también fue rechazado “tomando en consideración que no se había presentado el certificado original médico, sino copia escaneada de dicho certificado”. Además, no estaba señalado el lugar donde se había expedido el mismo, por lo que la juzgadora no aceptó la excusa presentada, declarando también el abandono de la defensa de la subinspectora de la PNC, acusada de los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas.

Por ello, la jueza ordenó oficiar al Instituto de la Defensa Pública Penal para que le fuera designado un abogado defensor de la institución, aunque la acusada también podía nombrar a un letrado de su confianza. Por esta razón, Pineda decidió plantear el citado recurso de reposición solicitando que se revoque la resolución del 26 de enero y reclamó que se tenga como abogado sustituto a Julio César Coyote.

Así, Ingrid Vannesa Cifuentes pudo establecer que, dentro de los documentos acompañados por Pineda, se acompaña el certificado médico en original, así como una constancia emitida por el médico Daniel Alexis Castillo en la cual se indica que el abogado de Marroquín fue evaluado en su clínica ubicada en Centro Médico Fátima de la ciudad de Quetzaltenango. Asimismo, tuvo a la vista una radiografía de columna lumbar realizada al profesional, así como la designación como abogado sustituto al profesional Julio César Coyote, manifestando que cuenta con la anuencia de la acusada.

Por ello, la juzgadora, al reexaminar las actuaciones considera que Pineda “justifica su incomparecencia a la audiencia del 26 de enero” y establece que el abogado, “con el objeto de evitar dilaciones y que no se provoquen suspensiones por incomparecencias, propone un abogado sustituto”, lo cual, en su opinión, “evitarían demoras dentro del presente proceso penal, donde todos los sujetos procesales tienen derecho a resolver su situación jurídica en un plazo razonable”.

TRES SUSPENSIONES EN MENOS DE UN MES

En lo que va de año, el juicio se ha suspendido en tres ocasiones. La primera fue el pasado 9 de enero tras la excusa presentada por quien fuera abogado por ese entonces de Lucinda Marroquín, Julio Rendón, quien presentó una prueba positiva de COVID. Posteriormente, el 19 de enero se volvió a aplazar por “situaciones ajenas que escapan hasta a la misma juzgadora”, en relación con el fallo en el sonido de la mega sala que impedía grabar la audiencia. La última suspensión fue el pasado 26 de enero, debido a las citadas excusas de los abogados de Marroquín y Pérez Borja.

Este martes, la jueza del Tribunal Séptimo intentará por cuarta ocasión dar el pistoletazo de salida al esperado juicio contra ocho funcionarios tras casi seis años sin justicia para las 56 víctimas que fueron encerradas ilegalmente en un aula el 8 de marzo de 2017 como castigo por intentar huir el día anterior de violaciones, abusos sexuales, maltrato, hacinamiento y comida en mal estado. Tras iniciarse un incendio, según la investigación de la Fiscalía, la subinspectora de la PNC tardó 9 minutos en abrir la puerta del aula, lo que provocó la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15.

Está previsto un segundo debate oral y público con otros cuatro funcionarios pendientes aún de la Audiencia de Etapa Intermedia programada para los próximos 16 y 17 de mayo. Esos días, el juez del Juzgado Cuarto deberá resolver si envía a juicio a la jueza del Juzgado de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, el secretario de ese Juzgado de Paz, Rolando Romeo Miranda, la Coordinadora del área de Mi Hogar del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas de la Secretaría de Bienestar Social, Ofelia María Pérez Campos, y la monitora de Gorriones Cruzy Flor de María López.