TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA
La justicia se hace de rogar para las 41 niñas que murieron y las 15 que sobrevivieron en el incendio del Hogar Seguro de Guatemala del 8 de marzo de 2017. Por duodécima ocasión, se suspendió la audiencia de apertura a debate, después de que el subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC) Luis Armando Pérez Borja haya recusado a la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vannesa Cifuentes. Ello supone que el juicio contra ocho de los doce funcionarios acusados se pospone ‘sine die’ (sin plazo o fecha determinada) a la espera de que la Sala Segunda de Apelaciones resuelva si declara con lugar o no la recusación planteada por Pérez Borja, quien permanece en prisión preventiva desde el 12 de junio de 2017, acusado de los delitos de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad.
Antes de que iniciara la audiencia de apertura a juicio este martes sin que Cifuentes compareciera en ningún momento, el secretario del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Elvin Gómez, informó a los sujetos procesales que “fue recibido un memorial donde Luis Armando Pérez Borja recusa a la señora jueza. Por eso se va a suspender la audiencia y se les va a notificar”. A continuación, uno de los abogados de los sindicados preguntó “¿Osea que nos podemos retirar? Tras responder el secretario que sí, el mismo abogado dijo “gracias” y varios letrados que defienden a los funcionarios comenzaron a reír.
Concretamente, Pérez Borja presentó a las 08.10 horas de este martes su recusación a la jueza, después de que ésta declarase sin lugar el pasado 1 de febrero el recurso de reposición interpuesto por los abogados del subcomisario de la PNC, Julio Guillermo Rendón Valenzuela y Edwin Abel Gómez Pastor, en contra de la resolución de Cifuentes del pasado 26 de enero en la que declaró el abandono de la defensa tras no aceptar la excusa planteada por los letrados para justificar su incomparecencia.
Cabe recordar que ni Rendón, ni Gómez acudieron el 26 de enero a la audiencia de apertura a juicio, después de presentar el día anterior a las 15.00 horas un memorial de excusa donde indicaban que desde el 20 de septiembre de 2022 tenían señalada a la misma hora (8.30) y fecha en el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal otra audiencia de discernimiento de cargo de unos peritos en relación a otro caso que ni siquiera se celebró.
Sin embargo, la jueza rechazó esta excusa y declaró el abandono de la defensa de Pérez Borja. Como consecuencia, en virtud del artículo 103 del Código Procesal Penal ordenó oficiar al Instituto de la Defensa Pública Penal para que le sea designado un abogado defensor de la institución, sin perjuicio de que el acusado pueda nombrar a un letrado de su confianza, si bien no pueden ser nuevamente los abogados a quienes declaró su abandono del proceso.
Cifuentes no creyó “justificable” esta excusa, teniendo en cuenta que ya avisó a los letrados en la audiencia anterior, celebrada el 19 de enero, que ante cualquier situación que les surgiera y que impidiese su comparecencia, hiciesen las “coordinaciones respectivas” para garantizar la defensa de sus sindicados. Además, consideró que “no es viable” la excusa presentada por los abogados de Pérez Borja porque “si actúan conjunta e indistintamente, es para que, si uno no puede actuar, lo pueda hacer la otra persona, situación que no sucedió, por lo que tuvieron que haber realizado todas las diligencias posibles para estar hoy presentes y no provocar más retrasos”.
Nada más conocer la decisión de la jueza, Pérez Borja solicitó usar el micrófono para denunciar que “como acusado y sindicado se me está violando el derecho de defensa”, si bien la jueza se mostró inflexible y remarcó que “no se le ha violado porque usted se ha presentado con sus abogados a la judicatura, se les han dado todas las copias, han pedido audios y todo y se les ha dado, pero ellos tenían que venir hoy y lo sabían y, entonces, no es mi responsabilidad”.
Por este motivo, tras la resolución del 26 de enero de Cifuentes de dejarles fuera del Caso Hogar Seguro, Rendón y Gómez interpusieron un recurso de reposición solicitando que se revocara. No obstante, la jueza lo declaró sin lugar al recordar que la citada audiencia, que coincidía en fecha y hora con la del inicio del juicio del Hogar Seguro, figuraba “únicamente como abogado director de los sindicados de ese proceso el profesional Julio Guillermo Rendón Valenzuela, no así el abogado Edwin Abel Gómez Pastor”.
Pese a que el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal constató que ambos letrados estuvieron presentes, la jueza insiste en que únicamente el abogado Rendón Valenzuela estaba convocado a la audiencia en dicho órgano jurisdiccional, por lo que deduce que pudo presentarse cualquiera de los profesionales al inicio del debate del Caso Hogar Seguro señalado por parte del Tribunal Séptimo. Por este motivo, Cifuentes considera que “efectivamente, se abandonó la defensa” de Pérez Borja, ya que el abogado Edwin Abel Gómez Pastor “no estaba convocado” a la audiencia del Juzgado Sexto y, sin embargo, se apersonó.
Por tanto, la jueza añade que “al no designar abogado sustituto para la audiencia señalada del 26 de enero en el Tribunal Séptimo, deviene procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto por Rendón y Gómez”, de manera que se nombrará un nuevo abogado de la Defensa Pública Penal para el subcomisario de la PNC, quien también podrá designar a un letrado de su confianza para el inicio del debate oral y público.
TRÁMITE SIN FECHA PARA RESOLVER LA RECUSACIÓN
Sin embargo, Pérez Borja no compartió esta resolución, razón por la cual decidió recusar a Cifuentes, quien, a partir de ahora, debe emitir una resolución en la que le dé trámite y explicar si ella acepta o no la causal por la cual es rechazada. Además, la jueza podría incluso excusarse de seguir conociendo el Caso Hogar Seguro antes de que la recusación se eleve a la Sala Segunda de Apelaciones, por lo que, en tal circunstancia, el Tribunal Séptimo tendría que nombrar a otro juez entre los dos que conforman este órgano judicial junto a Cifuentes.
Si finalmente no se excusa, deberá notificar a todos los sujetos procesales si acepta o no la causal de su recusación y elevar el expediente a la Sala Segunda de Apelaciones, donde en primer lugar será revisado para evitar cualquier error que provoque una actividad procesal defectuosa. Una vez revisada, se pasará la recusación al oficial cuarto que determinará a qué magistrado ponente le toca analizarla para que finalmente, los tres magistrados de la Sala (magistrado presidente, Gustavo Adolfo Dubón, magistrado vocal primero, Roaldo Isaías Chávez y magistrado vocal segundo Eduardo Galván Casasola) la declaren o no con lugar, posterior a convocar a los sujetos procesales a una audiencia donde se diligenciarán las pruebas.
En caso de que la Sala Segunda de Apelaciones declare con lugar la recusación, ordenará al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal que otro juez siga conociendo el Caso Hogar Seguro, mientras que, si no la acepta, ordenará que Ingrid Vannesa Cifuentes continúe con el inicio del debate oral y público, que deberá ser reprogramado en función de su agenda. Fuentes judiciales apuntan a Nuestras Historias que todo este trámite puede durar entre dos y tres meses (entre marzo y abril), mientras que si se decide que Cifuentes siga en la causa, deberá programar el juicio en función de otros casos que tenga asignados, lo que podría retrasar el inicio del debate a entre junio y agosto de este año.
Desde la Sala Segunda de Apelaciones, no se atreven a dar una fecha concreta de cuándo podrían resolver si declaran con lugar o no la citada recusación, teniendo en cuenta que solo entre noviembre y diciembre tramitaron 150 procesos y todos son tratados “por igual” sin dar prioridad a ninguno de ellos por encima de los otros.
UNIFICAR LOS DOS DEBATES PREVISTOS
Este escenario abre la posibilidad a que la Fiscalía contra Femicidio solicite unificar los dos debates previstos, teniendo en cuenta que el 16 y 17 de mayo se celebrará en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal la Audiencia de Etapa Intermedia contra la jueza del Juzgado de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, el secretario de ese Juzgado de Paz, Rolando Romeo Miranda, la coordinadora del área Mi Hogar del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas de la Secretaría de Bienestar Social, Ofelia María Pérez Campos y la monitora de Gorriones Cruzy Flor de María López.
De esta manera, se podría celebrar un único juicio contra estos cuatro funcionarios y los ocho restantes, cuyo debate no termina nunca de empezar: exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas; exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS, Anahí Keller; el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres; la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro; la exjefa del Departamento Especial contra el maltrato en todas sus formas Brenda Chamán; el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores; el subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja y la subinspectora de la PNC Lucinda Marroquín.
Minutos después de conocerse la recusación a la jueza, la abogada de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), que representa a 11 querellantes, Brenda Maldonado, consideró que todo se trata de una “estrategia para retardar el inicio del presente debate”, teniendo en cuenta que, en su opinión, Cifuentes resolvió “apegada a derecho y no ha violentado ningún derecho de los sindicados”. Así, defendió que, por el contrario, “veló por la protección de esos derechos” al decretar el abandono de la defensa de Luis Armando Pérez Borja, quienes “en reiteradas oportunidades han hecho estrategias de no presentarse y plantear excusas que realmente no son justificables”.
Por ello, reconoció que “nos sentimos mal porque no podemos concebir que la justicia no pueda ser pronta y cumplida y, sobre todo, porque se está violentando los derechos de las víctimas y sus familiares, por lo que creo que esto es una revictimización a todas luces”.
Esta es la segunda ocasión en la que una de las personas sindicadas recusa al juez encargado de iniciar el debate oral y público, después de que el 22 de octubre de 2019 el entonces abogado de Anahí Keller, Nery Orlando Baten, recusara al entonces juez suplente del Tribunal Séptimo, Mario Orlando Solórzano, tras rechazar un recurso de reposición contra la resolución del juez del 10 de octubre en la que incorporó al proceso un memorial elaborado por Juan Ernesto Méndez en el que considera que hubo delito de tortura.
El documento se consignó como Amicus Curiae. El juez defendió que en el debate oral podrá realizar un estudio de este memorial, toda vez que no es vinculante, de forma que dijo que “si lo desea el juez, puede tomar algunas cuestiones doctrinalmente como bien puede uno leer un libro. Si así lo desea y si no, ni siquiera se entra a leer dicho documento y, por eso, se dice que no es vinculante”. Ello provocó que el abogado de Anahí Keller lo recusara al considerar que se duda de que el juez pueda estar parcializado. Así, estimó que Solórzano había externado opinión, ya que al decir que puede tener en cuenta la opinión del documento, dice que se puede considerar la tortura como un delito que se puede aplicar a los sindicados.
En esa oportunidad, el juez no admitió la recusación al defender que no emitió opinión, si bien elevó el expediente de la recusación a la Sala Segunda de Apelaciones, suspendiendo todas las diligencias, incluidas el juicio y la petición de los querellantes para que declarasen en anticipo de prueba 8 de las 15 niñas sobrevivientes. No obstante, el 10 de febrero de 2020, la Sala Segunda de Apelaciones declaró sin materia la recusación de Anahí Keller contra el exjuez del Tribunal Séptimo Mario Orlando Solórzano en virtud de que ya no integraba ese Tribunal.
CUATRO SUSPENSIONES EN MENOS DE UN MES
En lo que va de año, el juicio se ha suspendido en cuatro ocasiones. La primera fue el pasado 9 de enero tras la excusa presentada por quien fuera abogado por ese entonces de Lucinda Marroquín, Julio Rendón, quien presentó una prueba positiva de COVID. Posteriormente, el 19 de enero se volvió a aplazar por “situaciones ajenas que escapan hasta a la misma juzgadora”, en relación con el fallo en el sonido de la megasala que impedía grabar la audiencia. La tercera suspensión fue el pasado 26 de enero, debido a las excusas de los abogados de la subinspectora de la PNC Lucinda Marroquín y Luis Armando Pérez Borja, mientras que la cuarta fue este martes tras la recusación, dejando en un limbo el inicio del debate.
Una vez más y casi seis años después de la tragedia, habrá que esperar más tiempo a que se haga justicia por las 56 niñas que fueron encerradas ilegalmente en un aula del Hogar Seguro el 8 de marzo de 2017 como castigo por intentar huir el día anterior de violaciones, abusos sexuales, maltrato, hacinamiento y comida en mal estado. Tras iniciarse un incendio, según la investigación de la Fiscalía, la subinspectora de la PNC tardó 9 minutos en abrir la puerta del aula, lo que provocó la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15.
