POR ASIER VERA
‘Uno, dos, tres, sí, uno dos tres’, repite un técnico del Organismo Judicial (OJ) en la Mega Sala, donde este jueves estaba previsto que iniciara la Audiencia de apertura a juicio contra ocho de las doce personas acusadas de la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el incendio del Hogar Seguro el 8 de marzo de 2017.
Sin embargo, por décima vez, se volvió a suspender, esta vez por un fallo en el sonido que impedía grabar la Audiencia. La jueza titular del Tribunal Séptimo, Ingrid Vanessa Cifuentes, se vio obligada a suspender el juicio, pese a los esfuerzos infructuosos de los técnicos que se afanaban en hacer funcionar los micrófonos.
Tras dar varios minutos de plazo para intentar iniciar la Audiencia, la jueza decidió suspenderla y reprogramarla para el próximo 26 de enero a las 08.30 horas, si bien ya no se celebrará en la mega sala. El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal está barajando si se lleva a cabo en la sala contigua a este órgano jurisdiccional o si se selecciona otro lugar con mayor capacidad en la Torre de Tribunales.
Con independencia de la falta de audio, la jueza también habría suspendido el inicio del debate oral y público después de recibir este miércoles sendos escritos de los nuevos abogados del subcomisario y la subinspectora de la PNC Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín, respectivamente, quienes señalaron necesitar tiempo para conocer las actuaciones.
Concretamente, el nuevo letrado de Marroquín es Jorge Héctor Ernesto Paul Pineda, mientras que quien fuera abogado de la subinspectora, Julio Rendón Valenzuela, defenderá a partir de ahora a Pérez Borja. Por tanto, es posible que la audiencia del 26 de enero se vuelva a suspender en cumplimiento al artículo 103 del Código Procesal Penal, que establece que “cuando el abandono del defensor del imputado ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por cinco días corridos, si lo solicita el nuevo defensor”.
Ello podría suponer el undécimo aplazamiento del primer debate oral y público aumentando aún más el hartazgo de las familias de las víctimas que ven cómo la justicia nunca termina de llegar cinco años y diez meses después de la tragedia.
Con lágrimas en los ojos tras ver cómo una vez más se aplazaba la audiencia, Vianney Clareth Hernández, madre de Hashley Angely Rodríguez, una de las 41 niñas fallecidas en el Hogar Seguro, aseguró estar “molesta y realmente indignada” por el hecho de que la excusa esta vez para la suspensión sea un problema de sonido. “Esto no tendría que estar pasando porque ya sucedió el pasado 9 de enero que no había audio, por lo que creo que es injusto lo que están haciendo con nosotras como madres que estamos exigiendo justicia no desde ahora, sino desde hace seis años”, remarcó.
Así, admitió encontrarse “mal”, dado que esperaba que la jueza del Tribunal Séptimo tomara una “buena decisión y nos mandara a otra sala y no importa si hubiéramos estado como en un gallinero, pero hubiera iniciado el debate”. Sin embargo, critica que lo que se está haciendo es “proteger a los sindicados” mientras que a las madres se las está “discriminando” al obligarlas a sentarse con el público, en lugar de contar con un área específica.
“NOS TIENEN COMO TÍTERES”
En similares términos se expresó Elida Salguero, mamá de Keyla López, otra de las 41 niñas fallecidas, quien acusó al Organismo Judicial de no ser “responsable ni serio”, ya que “como no son su familia ni sus hijas, nos tienen como títeres al decirnos que vengamos y después pasa esto”. En esta línea, afirmó que “necesitamos ver la justicia” y, por ello, pidió al OJ que sea “serio” porque “no somos juguetes, sino personas que necesitamos ser atendidas y escuchadas”.
Para ello, Salguero manifestó que “necesitamos el apoyo de las Naciones Unidas y de personas que sean comprometidas de verdad porque estamos viendo que aquí no hay justicia y necesitamos que la haya por nuestras hijas que no son una, ni dos, sino 41 niñas que murieron y 15 que están con cicatrices y que han sobrevivido con esta pesadilla horrible que les sucedió”. Así, censuró que han pasado casi seis años y las personas acusadas están “ahí como si nada y como que las niñas fueron animales o unos costales de papa, cuando eran seres humanos que no debieron morir de esa forma”.
Por su parte, Estela Chután, hermana de Mayra Chután, quien también murió en el incendio del Hogar Seguro, tachó de “indignante y molesto” que se sigan suspendiendo las audiencias de apertura a juicio y, en este sentido, preguntó que si el OJ ya sabía que el sonido estaba mal desde el pasado 9 de enero, “por qué realizaron en la mega sala la audiencia”. De este modo, considera que fue “premeditado” para “jugar con nosotras, porque otra cosa no puedo entender, ya que no es posible que seis años después no haya justicia”.
Chután admite que creyó que en esta ocasión iba a haber una jueza que “de verdad agarrara el toro por los cuernos y no se dejara manipular por los acusados, quienes siempre han sido los beneficiados desde que inició el juicio y, entonces, sí me indigna bastante saber que ella se pone del lado de los que son sindicados y no de nosotras que somos las perjudicadas”. No obstante, indica que está “segura” de que va a haber justicia para las 56 niñas y añade que lo “justo” y lo que desea “de todo corazón” es que se condene a las personas a “60 o 70 años de prisión” por cada una de las víctimas: “nos confortaría un poco a nosotras saber que sí se hizo justicia como esperábamos”.
LA JUEZA ORDENA UNA INVESTIGACIÓN
Por su parte, la jueza titular del Tribunal Séptimo, Ingrid Vanessa Cifuentes, recordó que tras los problemas en el sistema del audio del 9 de enero, “por parte del Tribunal se giraron todos los oficios para que se pudiera constatar que en el día de hoy a las 08.00 horas se realizaran todas las pruebas de sonido pertinentes para poder grabar adecuadamente esta audiencia”. Sin embargo, lamentó que, pese a que la semana pasada “se giraron las coordinaciones respectivas y se pidió que, por favor, para el día de hoy estuviera coordinado todo el sistema de audio en esta sala, se están reportando fallas y esta situación me da pena, pero realmente escapa al Tribunal Séptimo”.
Por otro lado, recordó que la decisión de que la Audiencia de apertura a juicio se llevara a cabo en la mega sala no fue suya, sino que se adoptó antes de que ella asumiera la titularidad del Tribunal Séptimo. Por ello, informó que está evaluando llevar a cabo las audiencias en la sala del propio Tribunal “tomando en consideración que allí evitaríamos este tipo de situaciones ajenas a nosotros”. En este sentido, fuentes del Tribunal Séptimo recalcaron que “está en el ánimo de la jueza darle inicio al debate” a partir del 26 de enero.
Asimismo, las mismas fuentes explicaron que, tras los problemas de audio del 9 de enero, el Secretario del Tribunal Séptimo envió un oficio que se recibió el 17 de enero en la Administración de la Torre de Tribunales para que el personal hiciera las pruebas pertinentes de sonido previo a dar inicio al debate este jueves. Tras presentar de nuevo fallos, la jueza ha ordenado que se oficie al régimen del ente disciplinario del OJ para que investigue si hubo alguna omisión en el personal de administración respecto a lo que se había oficiado la semana pasada y, en caso de que así fuera, se determine si se ha cometido una falta disciplinaria leve o grave.
Cabe recordar que el pasado 9 de enero, se suspendió la audiencia de apertura a debate oral y público, después de que Julio Rendón Valenzuela, abogado por aquel entonces de la subinspectora de la Policía Nacional Civil, Lucinda Marroquín, dio positivo a COVID según una prueba de PCR realizada en Blue Medical el 8 de enero y que presentó como excusa. Ante su incomparecencia, la jueza titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal reprogramó el inicio del debate para este jueves. Además, el 9 de enero, tampoco acudió a la audiencia el letrado del subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja.
De esta forma, nuevamente, habrá que esperar una semana más para que comience el primer debate oral y público del Caso Hogar Seguro en el que se sentarán en el banquillo de los acusados ocho funcionarios. Entre ellos, se encuentran Marroquín y Pérez Borja, quienes son las únicas personas de las 12 sindicadas que permanecen en prisión preventiva desde que fueran detenidas el 12 de junio de 2017, mientras que el resto goza de medida sustitutiva y está en arresto domiciliario. Concretamente, la subinspectora de la PNC está acusada de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas, mientras que el subcomisario está acusado de maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad.
Además de los dos policías, enfrentará debate el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) Carlos Rodas, que es el funcionario de más alto rango y que está acusado de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas, por los que podría enfrentar hasta una pena superior a los 50 años de prisión en caso de que el delito de maltrato se individualice por cada una de las 56 víctimas, tal como pretende solicitar el MP.
Junto a él, estará sentada en el banquillo de los acusados la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS, Anahí Keller, imputada por los mismos delitos y cuya presencia en el juicio está aún por determinarse, a la espera de que una sala de apelaciones resuelva las apelaciones que en su día presentaron la Fiscalía y los querellantes adhesivos contra la decisión del juez del Juzgado Cuarto de dictar sobreseimiento a su favor por los cinco delitos, lo que supone liberarla de cualquier responsabilidad penal.
Asimismo, serán juzgados el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes), la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro (incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad), la exjefa del Departamento Especial contra el maltrato en todas sus formas, Brenda Chamán (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas), y el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas), quien a pesar de ello sigue ejerciendo su cargo.
