Texto, video y fotos: Asier Vera
Por novena ocasión, este lunes se suspendió la audiencia de apertura a debate oral y público por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en un incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017. En esta ocasión, el motivo fue que Julio Rendón Valenzuela, abogado de la subinspectora de la Policía Nacional Civil, Lucinda Marroquín, dio positivo a COVID según una prueba de PCR realizada en Blue Medical el 8 de enero y que ha presentado como excusa.
Foto Asier Vera. Lucinda Marroquín tenía de las llaves del aula donde las niñas murieron quemadas.
Ante su incomparecencia, la jueza titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, reprogramó el inicio del debate para el próximo 19 de enero a las 08.30 horas. Sin embargo, Rendón no fue el único abogado que no acudió a la audiencia de este lunes, ya que tampoco lo hizo el letrado del subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja, si bien no presentó ninguna excusa más allá de avisar que estaba en camino cuando la audiencia ya se estaba desarrollando.
De esta forma, tras cinco años y diez meses sin que haya habido justicia en favor de las 56 niñas víctimas, habrá que esperar una semana más para que comience el primer debate oral y público del Caso Hogar Seguro en el que se sentarán en el banquillo de los acusados ocho funcionarios. Entre ellos, se encuentran Marroquín y Pérez Borja, quienes son las únicas personas de las 12 sindicadas que permanecen en prisión preventiva desde que fueran detenidas el 12 de junio de 2017, mientras que el resto goza de medida sustitutiva y está en arresto domiciliario. Concretamente, la subinspectora de la PNC está acusada de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas, mientras que el subcomisario está acusado de maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad.
Además de los dos policías, enfrentará debate el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) Carlos Rodas, que es el funcionario de más alto rango y que está acusado de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas, por los que podría enfrentar hasta una pena superior a los 50 años de prisión en caso de que el delito de maltrato se individualice por cada una de las 56 víctimas, tal como pretende solicitar el MP. Junto a él, estará sentada en el banquillo de los acusados la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS, Anahí Keller, imputada por los mismos delitos y cuya presencia en el juicio está aún por determinarse, a la espera de que una sala de apelaciones resuelva las apelaciones que en su día presentaron la Fiscalía y los querellantes adhesivos contra la decisión del juez del Juzgado Cuarto de dictar sobreseimiento a su favor por los cinco delitos, lo que supone liberarla de cualquier responsabilidad penal.
Foto Asier Vera. Anahí Keller, ocupaba el cargo de subsecretaria de Protección cuando ocurrió el incendio en el Hogar Seguro.
Asimismo, serán juzgados el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes), la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro (incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad), la exjefa del Departamento Especial contra el maltrato en todas sus formas, Brenda Chamán (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas), y el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas), quien a pesar de ello sigue ejerciendo su cargo.
LA JUEZA ACEPTA LA EXCUSA DEL ABOGADO DE LUCINDA MARROQUÍN
Durante la audiencia de este lunes, la jueza titular del Tribunal Séptimo señaló que teniendo a la vista el memorial enviado por el abogado de Lucinda Marroquín, Julio Rendón, “se tiene “por aceptada la excusa presentada el día de hoy”, razón por la cual decidió suspenderla teniendo en cuenta que “todos los abogados sabemos que el derecho de defensa es sagrado y no se puede dejar abandonado”. No obstante, recordó que, si el abogado de la subinspectora de la PNC no estaba presente, “convenía que los dos abogados que venían procurando su caso se tendrían que presentar a esta audiencia, aunque tomando en consideración que no se encuentra presente su abogado y para no violentar su derecho de defensa se va a suspender la audiencia”.
En un principio, la reprogramó para el 17 de enero a las 08.30 horas, si bien finalmente, la aplazó hasta el 19 de este mes a esa misma hora. No obstante, advirtió a Lucinda Marroquín que, “de persistir la circunstancia de salud de su abogado, él tiene que nombrar a un abogado sustituto de conformidad al artículo 97 del Código Procesal Penal, que pueda representarle a él ese día”.
Asimismo, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes dio un plazo de 48 horas a los abogados que venían patrocinando la defensa de Marroquín para que manifiesten el motivo de su incomparecencia, al tiempo que explicó que “estamos verificando si hay renuncia o no “ a continuar defendiendo a la subinspectora. De este modo, avisó que, “si ellos no justifican su incomparecencia, vamos a oficiar al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados porque podríamos estar ante un abandono de defensa”.
También dio un plazo de 48 horas al abogado de Luis Armando Pérez Borja para que manifieste los motivos de su incomparecencia y en caso de que no justifiquen los motivos por los cuales no acudieron a la audiencia de este lunes, “podríamos hacer efectivo el apercibimiento de que se pueda decretar su abandono”. En ese caso, explicó al subcomisario de la PNC que le estaría poniendo un plazo para que pueda designar a otro abogado de su confianza y, en caso contrario, “vamos a solicitar un abogado de la Defensa Pública Penal”.
Foto Asier Vera. Luis Armando Pérez, es otro de los sindicados en el caso Hogar Seguro.
Por otra parte, en la audiencia tampoco se presentó uno de los querellantes a quien la jueza también dio un plazo de 48 horas para que manifieste los motivos de su incomparecencia. Al mismo tiempo, pidió a la abogada de Mujeres Transformando el Mundo que provea un número de teléfono del querellante o el lugar donde puede ser ubicado para que pueda justificar su ausencia. Así, avisó que, si en la audiencia del 19 de enero, el querellante no está presente o no está debidamente representado por alguna de las asociaciones que forman parte de los querellantes, “entonces, la ley establece que quedaría fuera del presente proceso penal”.
LUCINDA MARROQUÍN RENUNCIA A SU OTRO ABOGADO
Mientras, el fiscal de Femicidio del MP Edgar Gómez consideró “justificable” la excusa planteada por el letrado de Lucinda Marroquín al recordar que el COVID es una “enfermedad que aún se encuentra entre nosotros y es altamente contagiosa y, por tanto, es atendible la petición que realiza”. No obstante, pidió a la jueza que se verifique la carpeta judicial, dado que recuerda que el abogado Rendón no sustituyó a la defensa que venían ejerciendo otros abogados de Lucinda, sino que se apersonó para actuar de manera conjunta con los otros letrados. Así, indicó que la defensa que ejercían los otros abogados “aún no ha sido revocada por Lucinda, ni han renunciado, por lo que, si el abogado Julio Rendón no podía asistir al encontrarse enfermo, los otros sí tenían la obligación de comparecer”.
Foto: Asier Vera. Edgar Gómez, fiscal de Femicidio del MP.
Por otro lado, criticó que los abogados de Luis Armando Pérez Borja tampoco han justificado documental y fehacientemente el motivo de su incomparecencia, por lo que pidió que se verifique si fueron notificados de la audiencia y, de ser así, y no encontrando una justificación por su ausencia, “sea decretado el abandono de la misma y se hagan las certificaciones conforme a derecho”.
Mientras, el abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Edgar Pérez, consideró que sería recomendable pedir a los acusados que nombren a un abogado sustituto para que se pueda viabilizar el inicio del debate oral y público, con el fin de no tener estos “inconvenientes”.
Por su parte, los abogados de los acusados aceptaron la excusa del letrado de Lucinda Marroquín y pidieron que se suspendiera la audiencia para “no violentar el derecho de defensa”. A su vez, solicitaron a la jueza que dé un plazo de tres días al abogado de Luis Armando Pérez Borja para que justifique su incomparecencia.
Finalmente, la jueza del Tribunal Séptimo recordó a Lucinda Marroquín que además de Rendón, ella cuenta con otro abogado llamado Julio César Colindres Monterroso. La subinspectora de la PNC confirmó que era su abogado, pero “renuncio a él y me quedo solo con el abogado Julio Rendón”. El abogado de Harold Flores incluso se ofreció a representarla por ese día, si bien la jueza indicó que eso no era posible.
En el caso de la defensa de Luis Armando Pérez Borja, la jueza reveló que hace un momento le habían comunicado que el abogado “venía en camino”, si bien recordó que la audiencia “estaba señalada a las 08.30 de la mañana y todo el mundo tenía conocimiento”. El propio subcomisario reconoció que no podía comunicarse con él y, por tanto, dejó al criterio de la jueza cualquier actuación.
“SABÍAMOS QUE ESTO IBA A PASAR”
La suspensión del inicio del debate oral y público provocó el enfado de los familiares de las 56 víctimas que vieron cómo una vez más se retrasa la justicia para sus hijas. Así, Vianney Clareth Hernández, madre de Ashley Angely Rodríguez, una de las 41 niñas fallecidas en el incendio del Hogar Seguro, afirmó que “sabíamos que esto iba a pasar y que iban a presentar cualquier excusa”. Pese a ello, destacó que ya la próxima semana será la audiencia, por lo que espera que los abogados de los acusados no presenten otras excusas, porque “como madres queremos nuestra justicia que estamos esperando desde hace más de cinco años”.
Foto: Asier Vera. Vianney Hernández, se tatuó el rostro de su hija Ashley Angely, quien murió en el incendio del Hogar Seguro.
Sin embargo, lamentó que hay “muchas posibilidades de que este juicio no se lleve a cabo por los sindicados” porque, en su opinión, “el Estado no quiere que este caso salga a la luz y mucho menos que haya personas que vayan a juicio”. No obstante, advirtió de que, si siguen presentando excusas para retrasar el inicio del juicio, “vamos a tomar medidas con nuestros abogados, ya que como madres podemos denunciar este debate”.
Vianney acudió a la audiencia mostrando el tatuaje del rostro de su hija en uno de sus brazos que se hizo hace tres años: “nosotras como madres estamos atadas de manos porque no se nos permite acudir con una playera o una moñita por las niñas, por lo que no me pueden exigir que me quite el tatuaje porque ella está conmigo siempre en todas las audiencias”.
Por otro lado, criticó el hecho de que el debate no se vaya a llevar a cabo en un tribunal de alto impacto con tres jueces, a pesar de que fue una tragedia de 41 niñas fallecidas y 15 sobrevivientes, lo que, a su juicio, demuestra que fueron víctimas de delitos “de alto impacto que el Gobierno hizo hacia las niñas que tenía protegiendo”. Asimismo, Vianney estimó “triste, lamentable e injusto” el hecho de que Anahí Keller pueda quedar fuera del primer debate si así lo considera la jueza, teniendo en cuenta que aún está pendiente de que una sala de apelaciones resuelva varios recursos contra su sobreseimiento de todos los delitos que le sindicaban.
Para la madre de Ashley Angely Rodríguez, las condenas deberían ser “por lo menos de 25 años de prisión”, aunque recuerda que en un principio ella pedía 50 años. “Yo no exijo que el Estado me dé dinero, sino que pido justicia contra estas personas que no hicieron bien su trabajo para que tengamos paz y logremos el descanso eterno de nuestras hijas”.
En caso de que sea necesario y no se logre una justicia en Guatemala, Vianney anuncia que llevará el caso a la Corte Interamericana porque “el Estado es el culpable y la muerte de nuestras hijas no va a quedar impune, sino que vamos a seguir luchando para que haya una justicia justa”.
EL MP NO DESCARTA TRES DEBATES
El fiscal de Femicidio que dirige la investigación del Caso Hogar Seguro, Edgar Gómez, no descarta que haya tres juicios: el primero con siete personas acusadas que empezará el 19 de enero, el segundo con la exsubsecretaria de la SBS Anahí Keller y el tercero con cuatro funcionarios pendientes aún de la Audiencia de Etapa Intermedia programada para los próximos 16 y 17 de mayo. Esos días, el juez del Juzgado Cuarto deberá resolver si envía a juicio a la jueza del Juzgado de Paz de San José Pinula (maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, prevaricato, falsedad ideológica y retardo de justicia), al secretario de ese Juzgado de Paz, Romeo Rolando Miranda (falsedad ideológica), la Coordinadora del área de Mi Hogar del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas de la SBS, Ofelia María Pérez Campos (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas) y la monitora de Gorriones Cruzy Flor de María López (maltrato contra personas menores de edad).
Pese a que en un principio el primer debate oral y público estaba previsto para el 9 de agosto de 2018, éste se ha ido aplazando hasta en nueve ocasiones por diversos motivos (11 de febrero de 2019, 27 de mayo de 2019, 22 de octubre de 2019, 6 de mayo de 2020, 29 de marzo de 2022, 14 de junio de 2022, 26 de julio de 2022, 9 de enero de 2023 y 19 de enero de 2023). La última fecha prevista era para el 26 de julio de 2022, si bien la jueza decidió posponerlo a este 9 de enero al no estar disponible la sala de mayor capacidad en la que se llevará a cabo el juicio ante la gran cantidad de sujetos procesales.
Todo surgió a partir de una revuelta por parte de 56 niñas que el 7 de marzo de 2017 decidieron escapar de esta institución pública destinada a proteger y abrigar a menores de 18 años, cuyos derechos se habían vulnerado. Lejos de cumplir esta función, el hogar era un infierno dado que allí sufrían violaciones, abusos sexuales, maltratos, hacinamiento y comida en mal estado, hasta el punto de que una de las internas, de 14 años, llegó a ser asesinada en el interior el 19 de octubre de 2013.
Tras la huida, la policía logró capturarlas y las condujo de nuevo al portón del Hogar Seguro, a la espera de que las autoridades del Gobierno de Guatemala tomaran una decisión sobre qué hacer con ellas tras haber abandonado el proceso de protección ordenado en su día por un juez. El protocolo indicaba que debían ser presentadas de nuevo ante una autoridad judicial para que resolviera su situación, pero nunca se tomó esa decisión.
Las niñas permanecieron once horas a la intemperie custodiadas por agentes de policía que las golpearon, vejaron e incluso una monitora les lanzó gas pimienta. A las 03.00 horas del 8 de marzo, las encerraron bajo llave en un aula del Hogar Seguro y les dieron 22 colchonetas para dormir en un espacio en el que tenían menos de un metro cuadrado para cada una de ellas. Cuando amaneció, varias de ellas solicitaron ir al baño, si bien las agentes de policía que custodiaban el aula se negaron, por lo que se vieron obligadas a hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo espacio en el que estaban confinadas ilegalmente.
Esta situación provocó que una de las 56 niñas, con el ánimo de que las liberaran, incendió una de las colchonetas, si bien las llamas se extendieron rápidamente por el resto de colchonetas y, pese a sus gritos de auxilio y golpes y patadas contra la puerta, la subinspectora de la Policía Lucinda Marroquín, que tenía la llave del aula, tardó nueve minutos en abrirles la puerta, según la investigación del MP. Ello causó en un principio la muerte de 19 de ellas por asfixia, mientras que en los días siguientes fallecieron en los hospitales otras 22 por las graves quemaduras.
Asimismo, 15 niñas sufrieron heridas graves e incluso amputaciones de partes de su cuerpo, por lo que 9 de ellas tuvieron que ser trasladadas a Estados Unidos para ser curadas e incluso a día de hoy dos de ellas permanecen aún en ese país recuperándose. Según el peritaje de incendios, que es la prueba reina con la que cuenta el Ministerio Público, las niñas estuvieron expuestas durante nueve minutos a una temperatura superior a los 300 grados con menos de un 21 por ciento de oxígeno necesario.
El fiscal de Femicidio Edgar Gómez calcula que, una vez inicie el primer juicio, se prolongue durante tres meses, teniendo en cuenta que ha propuesto la intervención de 44 peritos, 75 testigos y 800 documentos que suman alrededor de 15.000 folios. Asimismo, detalla que, durante la instrucción de la causa, ya han declarado 10 de las 15 niñas sobrevivientes en calidad de anticipo de prueba, por lo que ha propuesto que durante el debate puedan declarar las cinco restantes, si bien una de ellas está desaparecida desde el 2018 y se desconoce su paradero. En caso de que se emita una sentencia de carácter condenatorio, se celebrará una audiencia de reparación digna en favor de las 15 sobrevivientes y las familias de las 56 niñas víctimas, que deberán recibir una compensación económica.
Foto: Asier Vera. La audiencia se reprogramó para el próximo 19 de enero.
