TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA

Hoy,  a las 08.30 horas arrancará el primer debate oral y público en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal contra siete de las once personas acusadas de la muerte de 41 niñas y las heridas a otras 15 en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017. Tras más de una decena de aplazamientos, el juicio podría retrasarse una vez más si la jueza de este Tribunal, Ingrid Vanessa Cifuentes, decide suspenderlo a la espera de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva sobre una acción constitucional de amparo presentada por el subcomisario de la PNC, Luis Armando Pérez Borja.

Concretamente, la CC debe decidir si revoca o no la resolución de la Sala Segunda de Apelaciones que declaró sin lugar el amparo presentado por Pérez Borja contra la resolución de la jueza del Tribunal Séptimo en la que declaró el abandono de los dos letrados del subcomisario, Julio Guillermo Rendón Valenzuela y Edwin Abel Gómez, por no haberse presentado el 26 de enero de 2023 al inicio del debate.

Si la revoca al considerar que se violó su derecho de defensa, también se anularía la resolución de la jueza y el subcomisario podrá enfrentar el debate con sus abogados iniciales de confianza, mientras que, en caso de que declare sin lugar su acción constitucional de amparo, confirmará la decisión de Cifuentes y, por tanto, deberá cambiar de letrados.

Por tanto, este miércoles se abren dos escenarios: que la jueza decida suspender nuevamente el inicio del debate a la espera de que la CC resuelva sobre el citado amparo o bien, que resuelva dejar fuera del juicio únicamente a Pérez Borja hasta conocer qué determina la CC, evitando así que se tuviera que repetir de nuevo todas las audiencias del debate en caso de que dé la razón al subcomisario en el sentido de que se deban restituir a sus abogados.  Otra opción es que el sindicado renuncie a su amparo, aunque para ello debe solicitarlo directamente ante la CC.

Cabe recordar que Pérez Borja recusó a la jueza tras declarar el abandono de su defensa, si bien el 14 de julio de 2023, la Sala Segunda de Apelaciones declaró el 7 de febrero del pasado año improcedente la recusación del subcomisario, quien permanece en prisión preventiva desde el 12 de junio de 2017. Por tanto, la Sala Segunda resolvió que Cifuentes continuara conociendo el proceso del Caso Hogar Seguro.

Concretamente, la jueza declaró sin lugar el 1 de febrero el recurso de reposición interpuesto por los dos abogados de Pérez Borja en contra de la resolución de Cifuentes del 26 de enero en la que declaró el abandono de la defensa tras no aceptar la excusa planteada por los dos letrados para justificar su incomparecencia en la audiencia de apertura a juicio.

EXCUSA, RECUSACIÓN Y ABANDONO DE LA DEFENSA

Ni Rendón, ni Gómez acudieron el 26 de enero a la audiencia de apertura a juicio, después de presentar el día anterior un memorial de excusa donde indicaban que, desde el 20 de septiembre de 2022, tenían señalada a la misma hora (08.30) y fecha en el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal otra audiencia de discernimiento de cargo de unos peritos respecto a otro caso que ni siquiera se celebró.

Sin embargo, la jueza rechazó esta excusa y declaró el abandono de la defensa de Pérez Borja. Como consecuencia, ordenó oficiar al Instituto de la Defensa Pública Penal para que le sea designado un abogado defensor de la institución, sin perjuicio de que el acusado pueda nombrar a un letrado de su confianza, si bien no pueden ser nuevamente los abogados a quienes declaró su abandono del proceso.

Ello provocó que Pérez Borja planteara una recusación contra la jueza retrasando de nuevo el inicio del primer debate oral y público. Para ello, invocó el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial en su literal j, que señala que se puede apartar del conocimiento de un caso al juez cuando éste, antes de resolver, haya externado opinión sobre el asunto que se ventila ante él.

Sin embargo, la Sala Segunda de Apelaciones, conformada por Roaldo Isaías Chávez (magistrado presidente), Eduardo Galván Casasola (magistrado Vocal Primero) y Mónica Victoria Teleguario (magistrada Vocal Segundo), declaró improcedente la recusación, al considerar que no se advierte que la jueza haya externado opinión en el caso que se ventila antes de emitir sus resoluciones, por lo que señala que Cifuentes “ha actuado dentro de las funciones jurisdiccionales que le otorga la Constitución y demás leyes ordinarias, entre ellas la de administrar justicia”. Por tanto, concluyó que los argumentos vertidos por Luis Armando Pérez Borja, a través de su abogado Oscar Hugo Santisteban, “constituyen un acto puramente dilatorio de parte de los mismos”.

Precisamente, el pasado 7 de febrero, la jueza del Tribunal Séptimo no aceptó la recusación planteada en su contra al remarcar que “en todo momento, mi actuar jurisdiccional ha sido apegado a derecho, de forma imparcial, velando por el cumplimiento de los principios de celeridad y tutela judicial efectiva de todos los sujetos procesales. Al mismo tiempo, Cifuentes recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos contempla que “toda persona tiene derecho a ser oída en un plazo razonable”, garantía que, según subrayó, ella ha “velado para que sea cumplida”.

Por tanto, Cifuentes no aceptó las causales del subcomisario de la PNC para plantear la recusación y decidió no excusarse de seguir conociendo el Caso Hogar Seguro, si bien, tal como establece el artículo 129 de la Ley del Organismo Judicial, la jueza elevó las actuaciones a la Sala Segunda de Apelaciones que le dio la razón.

DOS DEBATES EN CIERNES SIN ANAHÍ KELLER

A partir de este miércoles y salvo que se suspenda, enfrentarán debate Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín, quienes son las únicas personas de las 11 sindicadas que permanecen en prisión preventiva desde que fueran detenidas el 12 de junio de 2017, mientras que el resto goza de medida sustitutiva y está en arresto domiciliario. La subinspectora de la PNC está acusada de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas, mientras que el subcomisario está acusado de maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad.

Además de los dos policías, serán enjuiciados el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, que es el funcionario de más alto rango y que está acusado de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.

Junto a él, se sentarán en el banquillo de los acusados el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes), la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro (incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad), la exjefa del Departamento Especial contra el maltrato en todas sus formas, Brenda Chamán (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas) y el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores (homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas).

Cabe recordar que también iba a ser juzgada la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS, Anahí Keller, imputada por homicidio culposo, abuso de autoridad, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y lesiones culposas. No obstante, quedó fuera del proceso penal antes de que iniciara el debate, después de que la Sala Cuarta de Apelaciones confirmara por unanimidad la resolución emitida el 16 de agosto de 2017 por el entonces juez del Juzgado Cuarto, Carlos Guerra, en la que dictó el sobreseimiento a favor de ella por los citados cinco delitos que le sindicaba el Ministerio Público (MP), que ya ha presentado recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. La Fiscalía aún está pendiente desde abril de 2023 que la CSJ le notifique si admitió o no a trámite el recurso.

Mientras, aún está pendiente de celebrarse la Etapa Intermedia correspondiente a la tercera fase del Caso Hogar Seguro que está programada del 27 al 31 de mayo, después de que se suspendiera el 16 de octubre del pasado año a la espera de que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia resuelva de manera definitiva dos amparos constitucionales.

Fueron presentados por la jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, y la supervisora residencial del área Mi Hogar del Hogar Seguro, Ofelia María Pérez Campos, en contra de la resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones emitida el 23 de marzo de 2021 que las ligaba a proceso por una serie de delitos, después de aceptar parcialmente las apelaciones presentadas por el MP y los querellantes Mujeres Transformando el Mundo y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos.

Así, la Sala Cuarta de Apelaciones revocó la falta de mérito que el 24 de enero de 2020 había dictado el juez del Juzgado Cuarto, Pedro Rodolfo Laynez, a favor de Rocío Murillo por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y prevaricato, y a favor de Ofelia María Pérez Campos por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Además de Murillo y Pérez Campos, enfrentarán audiencia de Etapa Intermedia el secretario del Juzgado de Paz de San José Pinula, Rolando Romeo Miranda, acusado de falsedad ideológica, y la monitora de Gorriones Cruzy Flor de María López, sindicada de maltrato contra personas menores de edad. En esta etapa, el juez resolverá si los envía o no a debate oral y público, por lo que podrían llegar a celebrarse dos debates: uno contra siete personas (primera y segunda fase) y otro contra cuatro (tercera fase).

En un principio, el primer debate oral y público estaba previsto para el 9 de agosto de 2018, si bien éste se ha ido aplazando hasta en 12 ocasiones por diversos motivos (11 de febrero de 2019, 27 de mayo de 2019, 22 de octubre de 2019, 6 de mayo de 2020, 29 de marzo de 2022, 14 de junio de 2022, 26 de julio de 2022, 9 de enero de 2023, 19 de enero de 2023, 26 de enero de 2023 y 7 de febrero de 2023).

UNA TRAGEDIA HISTÓRICA

Todo surgió a partir de una revuelta por parte de 56 niñas que el 7 de marzo de 2017 decidieron escapar del Hogar Seguro, ubicado en San José Pinula, una institución pública gestionada por la SBS destinada a proteger y abrigar a menores de 18 años, cuyos derechos se habían vulnerado. Lejos de cumplir esta función, el hogar era un infierno dado que allí sufrían violaciones, abusos sexuales, maltratos, hacinamiento y comida en mal estado, hasta el punto de que una de las internas, de 14 años, llegó a ser asesinada en el interior el 19 de octubre de 2013. Tras la huida, la policía logró capturarlas y las condujo de nuevo al portón del Hogar Seguro, a la espera de que las autoridades del Gobierno de Guatemala tomaran una decisión sobre qué hacer con ellas tras haber abandonado el proceso de protección ordenado en su día por un juez. El protocolo indicaba que debían ser presentadas de nuevo ante una autoridad judicial para que resolviera su situación, pero nunca se tomó esa decisión.

Las niñas permanecieron once horas a la intemperie custodiadas por agentes de policía que las golpearon, vejaron e incluso una monitora les lanzó gas pimienta. A las 03.00 horas del 8 de marzo, las encerraron bajo llave en un aula del Hogar Seguro y les dieron 22 colchonetas para dormir en un espacio en el que tenían menos de un metro cuadrado para cada una de ellas.

Cuando amaneció, varias de ellas solicitaron ir al baño, si bien las agentes de policía que custodiaban el aula se negaron, por lo que se vieron obligadas a hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo espacio en el que estaban confinadas ilegalmente. Esta situación provocó que una de las 56 niñas, con el ánimo de que las liberaran, incendió una de las colchonetas, si bien las llamas se extendieron rápidamente por el resto de colchonetas y, pese a sus gritos de auxilio y golpes y patadas contra la puerta, la subinspectora de la Policía Lucinda Marroquín, que tenía la llave del aula, tardó nueve minutos en abrirles la puerta, según la investigación del MP.

Ello causó en un principio la muerte de 19 de ellas por asfixia, mientras que en los días siguientes fallecieron en los hospitales otras 22 por las graves quemaduras. Asimismo, 15 niñas sufrieron heridas graves e incluso amputaciones de partes de su cuerpo, por lo que 9 de ellas tuvieron que ser trasladadas a EEUU para ser curadas e incluso a día de hoy dos de ellas permanecen aún en ese país recuperándose. Según el peritaje de incendios, que es la prueba reina con la que cuenta el Ministerio Público, las niñas estuvieron expuestas durante nueve minutos a una temperatura superior a los 300 grados con menos de un 21 por ciento de oxígeno necesario.

El fiscal de Femicidio Edgar Gómez calcula que, una vez inicie el primer juicio, se prolongue hasta seis meses, teniendo en cuenta que ha propuesto la intervención de 44 peritos, 75 testigos y 800 documentos que suman alrededor de 15.000 folios. Asimismo, detalla que, durante la instrucción de la causa, ya han declarado 11 de las 15 niñas sobrevivientes en calidad de anticipo de prueba, por lo que ha propuesto que durante el debate puedan declarar las cuatro restantes. En caso de que se emita una sentencia de carácter condenatorio, se celebrará una audiencia de reparación digna en favor de las 15 sobrevivientes y las familias de las 56 niñas víctimas, que deberán recibir una compensación económica.

Una de las peculiaridades de este juicio es el múltiple papel que juega la PGN. Por un lado, se sienta en el banquillo de los acusados quien fuera el procurador de la Niñez y Adolescencia de este organismo, Harold Flores, mientras que la PGN también se encuentra en su calidad de agraviada por los daños que supuestamente se causaron en el Hogar Seguro el 7 y 8 de marzo. Otro rol de la PGN es como querellante adhesivo en representación de aquellas niñas que no cuentan con defensa técnica, mientras que también se sentará en el debate un representante de la PGN como tercero civilmente demandado por su responsabilidad en la muerte de las 41 niñas y las heridas graves a otras 15 que siguen sin justicia casi ocho años después de la tragedia.