Texto: Mariela Castañón
Artes: Mirza Colindres
Fotografías: Asier Vera y cortesía
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) y NDI como parte del programa VAW-PM. Home – IWMF
Las periodistas guatemaltecas se enfrentan a múltiples violencias que van desde el acoso digital hasta las amenazas de muerte, pero según las estadísticas oficiales, pocas denuncian ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) que regularmente resuelve los casos por medio de salidas alternas y carece de un registro de denuncias desagregado por el tipo de violencia que sufren las reporteras.
Jessica Gramajo es una periodista con 23 años de experiencia. Ha trabajado en cinco medios de comunicación y se ha especializado en la cobertura e investigación de temas políticos.
Gramajo es una periodista resiliente que cree firmemente que “el periodismo bien hecho”, es el que investiga y describe hechos. Durante más de dos décadas de labor, Jessica ha enfrentado amenazas de muerte, denuncias penales, intento de hackeo de sus redes sociales y cuentas personales, seguimiento de desconocidos y apodos por su complexión corporal. Todo esto, después de publicaciones que dejaron en evidencia negocios anómalos, nepotismo y corrupción.
La periodista recuerda diferentes experiencias, como la vez que un exdiputado le gritó y amenazó frente a todos sus compañeros, por un reportaje que revelaba como la Junta Directiva del Congreso de la República, pretendía comprar un edificio que no era habitable.
En otra ocasión, una persona que sirvió de intermediaria de un exfuncionario le advirtió que “la matarían, que tuviera cuidado y revisara su carro cuando saliera”, relata la comunicadora.
Para Gramajo, denunciar todo lo que ha vivido no ha representado el camino más seguro, por la falta de confianza en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas que regularmente opta por desestimar los casos. Las veces que la reportera ha denunciado lo ha hecho para sentar un precedente y no para esperar una investigación.
Marielos Monzón, fundadora y vicepresidenta de la Red Centroamericana de Periodistas, coincide con Gramajo y describe que, el MP, a cargo de la fiscal general María Consuelo no investiga, sino que criminaliza y eso se ha evidenciado con el encarcelamiento de periodistas, o porque los ha obligado a revelar sus fuentes.
“Formalmente el MP sigue teniendo una Fiscalía de atención a periodistas, sindicalistas y personas defensoras de derechos humanos, formalmente está esa estructura, pero en realidad el enfoque del MP es la criminalización hacia actores democráticos, incluyendo a periodistas”, explica Monzón.
Por su parte el MP responde que su función es conocer, investigar y perseguir penalmente los delitos en contra de periodistas, “cuando los hechos son cometidos con el objeto de limitar derechos en el ejercicio de sus funciones”.
“La Fiscalía tiene facultades para realizar estas funciones delimitando de esa forma su competencia en toda la República de Guatemala, regionalizado en el área metropolitana y Quetzaltenango, con el fin de dar la atención oportuna de acuerdo a las necesidades de las y los periodistas”, indica el MP.
Otra de las instituciones cuestionadas por redes y observatorios que velan por los derechos del gremio periodístico es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dirigida por Alejandro Córdova, a quien señalan de no actuar de oficio, ni acompañar las denuncias que interponen las periodistas, como sí lo hicieron las gestiones de los exprocuradores Jorge De León Duque y Jordán Rodas.
A través del Departamento de Comunicación Social de la PDH se intentó obtener una postura, pero al cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Violencia contra la mujer, un delito ausente en los registros de la Fiscalía
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas es la encargada de investigar los delitos que afectan a este gremio, sin embargo, al momento de registrar las denuncias, la violencia contra la mujer está ausente, pese a que nivel nacional, es el delito más denunciado. La Fiscalía se limita a documentar las acciones que afectan a periodistas en general, sin realizar una diferenciación por género.
Para este reportaje se realizaron solicitudes de información pública al MP para obtener las estadísticas generales de las denuncias que han interpuesto las periodistas y se buscó a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para conocer el tratamiento que da a los casos.
De acuerdo con la información pública requerida, de enero de 2019 a noviembre de 2023, esa institución ha registrado cinco denuncias de violencia contra mujeres periodistas, donde figuran 19 víctimas. Durante ese periodo de tiempo dos personas fueron absueltas por ese delito.
Uno de esos casos, ocurrió en 2020, cuando14 periodistas fueron acosadas por un hombre que vía telefónica fingía voz de mujer y pretendía obtener información de ellas. Las reporteras denunciaron ante la Fiscalía, pero tres años después aún no se ha fijado fecha para el juicio de medidas de seguridad y corrección contra el acosador.
Por otro lado, se solicitó al MP una entrevista presencial con representantes de la Fiscalía de Delitos contra Periodista; designó a la fiscal Rosa Lidia Navarro, pero una hora antes del tiempo acordado la entrevista fue cancelada.
En lugar de Navarro, el MP nombró a Cristian Argueta, encargado de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de Quetzaltenango, que corresponde a la región sur occidente y atiende los casos de periodistas en ocho departamentos del país: Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quiché, Huehuetenango y Totonicapán.
Argueta explicó vía telefónica que, en los últimos cinco años, la Fiscalía recibió cinco denuncias de mujeres periodistas por delitos como amenazas y coacción. Ninguno de esos casos obtuvo sentencia, sino que se buscaron otras salidas alternas como un criterio de oportunidad, porque los delitos fueron considerados “menores”. La Fiscalía no clasifica las denuncias por violencia contra la mujer; pero sí conoce algún caso de esa índole lo remite a la Fiscalía de la Mujer, explica el fiscal.
“No hay ninguna diferenciación por violencia sexual o psicológica, propiamente no, porque esos delitos son conocidos por la Fiscalía de la Mujer, si nosotros recibiéramos una llamada denunciando algo de este tipo, definitivamente no tenemos la competencia, lo que correspondería sería orientar a la periodista si fue objeto de alguna agresión sexual, física o psicológica -para denunciar- en la Fiscalía contra la Mujer”, indica Argueta.
La violencia contra la mujer es “toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado”, según la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer.
La normativa también dice que los tipos de violencia se clasifican por: física, psicológica o emocional, sexual y económica. Las sanciones, según el tipo de delito y la gravedad van desde cinco hasta doce años de prisión.
Mientras que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) define la violencia contra la mujer como una forma de discriminación dirigida a una mujer por ser mujer o que afecta a las mujeres de forma desproporcionada. Esta violencia inhibe gravemente la capacidad de las mujeres para disfrutar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones con los hombres.
Más sentencias, menos salidas alternas y desestimaciones
Evelyn Blanck, del equipo coordinador de la Red Rompe el Miedo, que junto a otras organizaciones e instituciones investigaron la situación de las mujeres periodistas entre 2019 a 2021, en el informe “Violencia contra las Mujeres Periodistas Guatemala”, explica que no existen indicadores específicos para el registro de denuncias de violencia contra mujeres periodistas en el MP, lo que no permite dimensionar la problemática.
Por su parte, Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas, opina que, si el MP aplicara la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer habría más sentencias condenatorias y menos salidas alternas que terminan en desestimaciones de casos.
El MP, responde que, “la ley permite la aplicación de salidas procesales alternas, en ese sentido, cuando los delitos son catalogados como menos graves, basados en el principio de oportunidad la misma ley permite la aplicación de medidas desjudicializadoras y de conciliación, siempre y cuando haya anuencia por la parte agraviada y se haya resarcido el daño causado para la solicitud de dicho otorgamiento”.
Coloj y Blanck coinciden en que el MP no tiene interés, ni voluntad, para crear un registro desagregado por las violencias que sufren las mujeres periodistas. En las investigaciones realizadas han determinado que esa institución podría adaptar sus sistemas para clasificar la información, pero no lo hace.
Mientras que, a nivel regional, Monzón, la fundadora y vicepresidenta de la Red Centroamericana de Periodistas, describe que en una encuesta donde participaron 80 mujeres periodistas de toda Centroamérica se reflejaron las agresiones que más sufren: menosprecio a su labor periodística por su condición de mujer, acoso digital, campañas de desprestigio basadas en su vida privada o en su condición de mujer, amenazas a su seguridad, vigilancia y seguimiento, acoso sexual digital, amenazas y/o ataques contra sus hijos e hijas; violación, agresiones o ataques sexuales.
Esta información quedó plasmada en el informe “Libertad de expresión, acceso a la información y ejercicio del periodismo en Centroamérica: una visión desde las y los protagonistas 2022-2023”, realizado por la Red Centroamericana de Periodistas con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH).
Resiliencia, pese a los desafíos
Gramajo continúa ejerciendo su labor con convicción, describe que: “no hay profesión más linda que el periodismo” y argumenta: “lo que te decían en la universidad sí es cierto, tiene que ser innato, tienes que traerlo, te tiene que gustar mucho para hacer lo que se hace, bien hecho”, dice.
Gramajo reitera que mantiene el compromiso con la verdad y la responsabilidad; su labor es calificada por otros periodistas, como “ética”.
Al igual que Gramajo, existen otras mujeres, que a pesar de las experiencias vividas continúan informando a la población, como es el caso de María Guarchaj una periodista comunitaria independiente, con cinco años de experiencia, que comunica en idiomas mayas.
Guarchaj salió de su comunidad, en La Ceiba, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, cuando tenía 12 años para prepararse académicamente y convertirse en periodista. María, quien ha visto de cerca las necesidades en educación y salud en su comunidad, ejerce su función con la convicción de reivindicar las luchas de los pueblos originarios.
Sin embargo, para la periodista comunitaria informar no ha sido fácil, se ha enfrentado a ataques digitales racistas, a comentarios despectivos e incluso a burlas de personas que pretenden minimizar su función.
En 2023, el año electoral en Guatemala, la reportera informó en una de sus redes sociales sobre los perfiles de aspirantes a alcaldes de Santa Catarina Ixtahuacán, lo que provocó que recibiera un mensaje directo donde le ordenaban que regresara a su aldea a “tortear”. María decidió hacer público el comentario y no volver a callar los ataques “racistas y discriminatorios” que antes normalizaba.
Guarchaj también ha sido objeto de comentarios despectivos y burlas de personas en la vía pública que cuestionan su rol periodístico, “cuando salgo a cubrir una marcha portando una cámara, personas mestizas me ven en la calle y dicen hasta cámara tiene o se la compraron, ¿Cuánto te pagan por el día? No te identifican como comunicadora o periodista”, refiere.
De todas las experiencias vividas durante cinco años, Guarchaj dice que solo ha interpuesto una denuncia ante el MP, porque le limitaron el acceso a las coberturas en el Organismo Judicial (OJ), pero ahora ya no tiene intención de denunciar porque cree que no obtendrá resultados. Además, desconfía del uso que el MP pueda hacer de sus datos personales. A pesar de todo, dice, que seguirá informando.
“Hacer comunicación y periodismo requiere mucha fuerza, mucha energía, pero que nada nos limite. Lo haremos desde esa narrativa de hablar desde nuestro idioma. No solo es hacer periodismo, es reivindicar nuestra lucha, nuestros idiomas, no olvidar de dónde salimos y dónde estamos”, concluye la reportera.
Aunque la gestión de la fiscal general del MP, María Consuelo Porras concluirá en 2026, el Observatorio de los Periodistas, la Red Rompe el Miedo y la Red Centroamericana de Periodistas tienen expectativas de que el Gobierno del presidente electo, Bernardo Arévalo, se comprometa a cumplir con lo plasmado en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales, para garantizar el ejercicio periodístico independiente y seguro.
