Texto y fotos: Asier Vera

La exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) Gloria Castro justificó ante la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, su decisión de abandonar las instalaciones del Hogar Seguro el 7 de marzo de 2017 “a las 23.30 o 00.00 horas aproximadamente” sin saber dónde iban a encerrar a las 56 niñas, tras recibir vía telefónica la autorización de su jefa directa, la entonces procuradora adjunta dos de la PDH, Gilda Morales.

No obstante, reconoció que no fue ella quien conversó con Morales, sino Ana Lucía Peláez,  entonces defensora de las Personas Víctimas de Trata, dado que era la única trabajadora de la PDH que “tenía prácticamente carga en su teléfono”, de manera que se retiró para llamar a la procuradora adjunta dos y cuando retornó al grupo “nos indicó que nos debíamos retirar de la institución”, a pesar de que las 56 niñas y los 43 niños que habían intentado huir ese mismo día del Hogar Seguro aún permanecían en el portón a las afueras de las instalaciones y a la intemperie custodiados por agentes de la PNC a la espera de que las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) decidieran qué hacer con ellos, después de que no acudiera la jueza de Paz de San José Pinula a realizar una exhibición personal.

“Yo no me fui del Hogar Seguro sin una autorización de mis jefes”, remarcó Castro, quien confesó que ella no escuchó ni estaba cerca de Peláez cuando conversó telefónicamente con Morales. La exdefensora de la Niñez, quien permaneció en prisión preventiva del 12 al 24 de junio de 2017, está acusada por el Ministerio Público del delito de incumplimiento de deberes, después de que a las 23.55 horas aproximadamente del 7 de marzo, se fuera “dejando a las adolescentes en un estado de vulnerabilidad y riesgo a las afueras del Hogar Seguro aún mayor del que se encontraban inicialmente, es decir, cuando ella llegó a las 16.00 horas, sin haber tomado ninguna medida para que los derechos fundamentales de las adolescentes que estaban siendo vulnerados fueran restaurados omitiendo con ello la realización y cumplimiento de las funciones que le demanda la ley”.

Así, la Fiscalía de Femicidio le reprocha que se retirara a medianoche de las instalaciones del Hogar Seguro en San José  Pinula “a sabiendas de que aún no se habían tomado las medidas y mecanismos de protección a favor de las adolescentes por parte de las autoridades”, a pesar de que su cargo de defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH le obligaba a “ejercitar acciones tendentes a asegurar de manera inmediata el cese de las amenazas y violaciones a los derechos humanos de las adolescentes”.

En este sentido, el MP señala que Castro, quien se encuentra en arresto domiciliario desde el 24 de junio de 2017, “tomó una actitud pasiva de observadora cuando la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia la obliga a tomar decisiones efectivas e inmediatas e incluso obligar el cese de los abusos y actos arbitrarios que se estaban cometiendo en contra de las adolescentes, con el objeto de garantizar el interés superior del niño”. Asimismo, apunta que la funcionaria debió “velar por que las medidas adoptadas por las autoridades de la SBS y de la Procuraduría General de la Nación (PGN) garantizaran un ambiente seguro para las adolescentes”.

La exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH fue la segunda persona de los ocho funcionarios que enfrentan juicio por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el incendio del Hogar Seguro en prestar declaración el 18 y el 22 de enero de forma voluntaria y responder a las preguntas que le formularon el fiscal de Femicidio Marlon Ordóñez, los querellantes y su defensa. Dos días antes, declaró el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas. 

“CUMPLÍ CON MIS OBLIGACIONES CON RESPONSABILIDAD”

Castro inició su intervención ante la jueza asegurando que lamenta “profundamente” la tragedia sucedida “por las adolescentes fallecidas, por las que están lesionadas y, por supuesto, por sus familias”, si bien insistió en que ella no cometió ningún delito, al “haber cumplido con mis obligaciones con responsabilidad respetando siempre la ley y resguardando ante todo a las niñas, niños y adolescentes, tanto los que estaban en sus módulos, como los que estaban afuera”. Así, resaltó que en todo momento recomendó “respetar la integridad emocional y física de las y los adolescentes”.

“En ningún momento incumplimos con nuestros deberes”, defendió y rememoró que, tras la tragedia, se inició un proceso administrativo a las personas de la PDH que estuvieron en el Hogar Seguro el 7 de marzo de 2017 en el que ella presentó sus pruebas de descargo e informó a la institución de todas las actuaciones realizadas ese día. El procedimiento, apuntó, fue declarado sin lugar en todos los casos, de manera que la PDH consideró que sus funcionarios habían cumplido con sus funciones.

Recordó que, en 2013, asumió el puesto de defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH, mediante el cual interpuso “más de 10 denuncias que nunca fueron resueltas por el MP” y que estaban relacionadas con la violación de derechos humanos en el Hogar Seguro. Asimismo, añadió que también se pidieron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que en ese hogar de protección y abrigo gestionado por la SBS hubo “varios eventos complicados”, si bien esas medidas “vinieron después del 7 de marzo” de 2017.

Al mismo tiempo, indicó que envió un informe que recomendaba el cierre del Hogar Seguro “a mediano plazo” a la jueza del Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia, Silvia Calderón, quien el 12 de diciembre de 2016 emitió una resolución en la que ordenó a la SBS que “amplie la capacidad física” del Hogar para “evitar el hacinamiento y la sobrepoblación”.

Castro desveló que, en su momento, mantuvo una conversación con una de las secretarias de Bienestar Social, quien le transmitió que estaba “muy preocupada” porque tenían “indicios de que había adolescentes que salían del Hogar y cuando ingresaban nuevamente, volvían a provocar alguna crisis en la que volvían a salir adolescentes y la experiencia nos dice que no iban precisamente a su casa”.

Especificó que “lo general era que muchos de ellos regresaban a vincularse a sus pandillas o bien iban al Parque Central, donde muchas veces estuvo la PGN buscando adolescentes juntamente con nosotros”, dado que las adolescentes “podían ser presas fácilmente por su vulnerabilidad de la prostitución y el tema de drogas”.

“Con esto quiero hacerle ver que yo tengo una trayectoria no de un año, ni de dos, sino desde 1990 y fui parte de la creación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, por lo que trabajé en pro de la niñez durante muchos años y siempre con mucho compromiso”, destacó.   

A continuación, comenzó a relatar cuál fue su actuación el 7 de marzo de 2017, día en el que recibió “alrededor de las 14.00 horas” una llamada telefónica desde el Hogar Virgen de la Asunción en la que una persona con una voz “bien afligida y angustiada” le informó de que se estaba dando una situación “difícil y que necesitaban nuestro acompañamiento”. Inmediatamente, junto a otra compañera de la Defensoría de la Niñez, Patricia Cabrera y, tras informar telefónicamente al entonces procurador de la PDH, Jorge de León Duque, se dirigieron al Hogar Seguro adonde llegaron entre las 15.00 y 15.30 horas. Durante el trayecto, recibió otra llamada desde esa institución en la que le advirtieron de que se había perdido el control y que aún no habían llegado las autoridades de la SBS.

A preguntas del fiscal, afirmó no recordar quiénes eran las personas que la telefonearon, aunque cree sin estar “completamente segura” que una de ellas pudo haber sido la entonces jefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas de la SBS, Brenda Chamán.

En ese momento, indicó que llamó al entonces secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, para “recomendarle que era importante que las autoridades se hicieran presentes en el Hogar”. Cuando solo faltaba un kilómetro para llegar a la aldea El Platanar de San José Pinula, donde se ubicaba el Hogar Seguro, observó que dos adolescentes iban corriendo y que detrás de ellas iba un vehículo de la PNC al que detuvieron para indicar a los agentes que “siempre debían seguir sus protocolos sobre niñez y adolescencia”.

A continuación, llegó otra patrulla de la PNC en cuya palangana iban adolescentes mujeres y hombres y, según el relato de Castro, se percató de que estaban engrilletados, por lo que “inmediatamente”, recomendó que se los quitaran, tal como hicieron los agentes, a quienes explicó que se trataba de jóvenes en protección y abrigo y no en conflicto con la ley penal. En este sentido, incidió en que su función “siempre ha sido recomendar y no ordenar”. En esa oportunidad, pudo conversar con los adolescentes, quienes le trasladaron que en el Hogar Seguro los “maltrataban”, algo que, en opinión de Castro, “debió haber investigado el MP en su momento”, dado que tenía “suficientes denuncias”.

Mientras la Policía les retiraba los grilletes, varias personas se aglomeraron alrededor de la patrulla y un señor que se identificó como un piloto de un tuc tuc le informó que se iban a reunir varios dueños de este medio de transporte porque “ya estaban cansados de los adolescentes que corrían y venían por todos lados”, tras huir de las instalaciones del Hogar Seguro, por lo que tenían la intención de agredirlos.

Según le contó el piloto del tuc tuc, uno de los adolescentes sacó a una señora que iba con unos niños en este medio de transporte, “los golpeó y rompió el vidrio”. Tras explicarle Castro cuál era la situación y recomendarle que presentara la respectiva denuncia ante el MP, “el señor bajó un poco su malestar y se quedaron hablando con algunos agentes de la PNC”, mientras la funcionaria de la PDH se dirigió hacia el portón del Hogar Seguro, donde “nos percatamos que había agentes de policía y adolescentes manifestando su inconformidad de una forma violenta y agresiva”.

“NO ERA UNA MANIFESTACIÓN PACÍFICA”

En esta línea, insistió en que “no era una manifestación pacífica, sino violenta: tiraban piedras, insultaban y eran 100 adolescentes entre hombres y mujeres gritando y tirando todo lo que encontraban en su camino y que traían en las manos”. Castro reconoció que era una situación “bastante complicada que en otros momentos probablemente se había dado, pero no en la dimensión del 7 de marzo”.

A preguntas de su abogada, Ivethe Anayté García Vidaurre, sobre si el comportamiento de los adolescentes podía afectar a personas ajenas al Hogar, Castro señaló que al estar “tirando piedras, cualquier persona que pudiera haber pasado pudo haber sido herida y también hay un agente de la PNC que lo vi golpeado y con sangre”.

Una vez que se tranquilizaron los adolescentes, Castro relató que junto con su compañera trató de hablar con los adolescentes, tanto mujeres como hombres, si bien era “muy difícil porque estaban realmente molestos y gritaban, por lo que era imposible”. Mientras, recordó que dentro del Hogar Seguro se encontraban también niñas, niños y adolescentes de los otros módulos, entre ellos personas con discapacidad y niñas madres, “por las que también había que velar y que en ese momento estaban siendo víctimas de la situación que se estaba viviendo”.

Castro explicó que a las instalaciones del Hogar también llegaron otros dos compañeros de la PDH: la defensora de las Personas Víctimas de Trata, Ana Lucía Peláez y el auxiliar de control de la Dirección de Defensorías, Sender Escobar, quienes intentaron hablar con los adolescentes para “calmarlos”, aunque fue “bastante complicado”.

Posteriormente, apuntó que llegaron Rodas y la entonces subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS, Anahy Keller, a quienes explicó cómo estaba la situación. De este modo, se dirigió junto a Keller a conversar con los adolescentes que se encontraban reconcentrados en el portón del Hogar, dado que la subsecretaria “tenía conocimiento de quiénes eran los líderes y lideresas de toda la situación”.

“Yo puedo confirmar que frente al Hogar no había una sola ni un solo adolescente con grilletes, mientras la PNC tenía su cordón humano que era flexible porque los adolescentes corrían y los policías solamente se desplegaban para que ellos no pudieran retirarse”, detalló, al tiempo que informó que los agentes iban con un traje negro y portaban “casco, escudos y la parte negra que se ponen en las rodillas”.

En ese momento, Castro insistió en que “en mi mente siempre estuvo la protección y el resguardo de la vida de los niños, niñas y adolescentes adentro y fuera del hogar”, por lo que pensaba que un juez tendría que escuchar en última instancia cuáles eran sus demandas y decidir qué hacer con ellos.

Concretamente, detalló que, a través de los medios de comunicación que acudieron al lugar, las y los adolescentes “hablaban de maltrato, violaciones, comida y diferentes situaciones que no únicamente lo habían abordado en ese momento, sino en otros eventos dentro del Hogar”.

Mientras, junto a Keller ubicó a dos adolescentes, un hombre y una mujer con heridas en sus brazos, por lo que “de inmediato se les brindó la protección, dado que tanto Sender Escobar como Ana Lucía Peláez habían llamado a los bomberos para que dieran auxilio ante cualquier situación en el Hogar Seguro”. Tras preguntar al joven por el origen de sus heridas, éste explicó que “nosotros mismos nos las hicimos con unos ‘chayes’ que encontramos”, por lo que Castro indicó que “por lo menos, ellos dos no habían sido golpeados por la PNC”.

“Estaban molestos por muchas razones y la situación no se calmaba por lo que en algún momento empezaron nuevamente a tirar piedras y nos tuvimos que proteger, por lo que no se podía dialogar y, aunque uno hubiera querido hacer muchas otras cosas, realmente la situación en ese momento no lo permitía”, subrayó.

Mientras trataba de mediar, un agente de la PNC se acercó a ella para informarle que había cinco adolescentes frente a una iglesia católica de una de las comunidades cercanas, donde los vecinos los querían “vapulear”, según desveló Castro a la jueza. De este modo, los agentes se dirigieron al lugar, los rescataron y los integraron con el numeroso grupo que estaba en el portón del Hogar Seguro.

A continuación, le pidieron que entrara a las instalaciones para conversar con un monitor y con los adolescentes “del hogar San Juan que habían permanecido en el módulo”, por lo cual se dirigió al interior junto a Peláez, con quien pudo observar cómo las literas habían sido “destornilladas y arrancados tubos, mientras los colchones estaban tirados y los armarios quebrados”. Así, dijo que la habitación era un “caos” y el monitor le indicó que para poder quitarle la llave le habían golpeado, mientras que los adolescentes señalaron que “no querían que volvieran a entrar” los que habían huido del Hogar Seguro porque “muchas veces para mantener el control eran agresivos”.

LA EXHIBICIÓN PERSONAL QUE NUNCA LLEGÓ

Seguidamente, Castro salió de nuevo del Hogar y momentos después, según relató, recibió una llamada de Giovanni Guzmán, compañero de la PDH, quien le preguntó si consideraba que debía interponer una exhibición personal a lo que ella contestó que sí era necesario porque la situación “no se calmaba y realmente la única institución que podía ordenar el traslado o las medidas necesarias era un juez”.

“Entiendo que la exhibición personal la pusieron en el juzgado de turno en Torre de Tribunales para poder buscar un poco de orden y estabilidad y poder tomar las decisiones”, respecto a un posible reingreso o traslado a otros hogares, aseguró, al tiempo que también pensó que “las niñas y adolescentes podían externarle a una juez cuáles eran sus inconformidades y qué es lo que estaba pasando dentro del Hogar para que ellas tuvieran ese tipo de situaciones”.

Mientras esperaban la llegada de la entonces jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, encargada de realizar la exhibición personal, se coordinó para que suministraran agua y alimentos a las y los adolescentes que permanecían en el portón del Hogar Seguro, si bien “alguno de ellos gritó que no comieran asegurando que la comida tenía tranquilizantes”, lo que provocó que los jóvenes “tiraran los platos desechables con el alimento a los agentes de la PNC a quienes insultaban”.

“Durante todo este tiempo, no vi en ningún momento frente a mí a un agente de la PNC que insultara o agrediera de ninguna manera a las adolescentes mujeres ni a los varones, ya que, si lo hubiese visto, mi reacción hubiera sido detener porque jamás hubiera permitido semejante cosa”, recalcó Gloria Castro, quien aseveró que, a pesar de lo que señala el MP, “jamás vi a las adolescentes mojadas ni tampoco tenían mal olor” tras haber atravesado, supuestamente, un río de aguas negras cuando huían del Hogar. 

Preguntada por el abogado querellante Hugo Leonel Archila si se enteró que se roció gas pimienta a una de las adolescentes, la acusada resaltó que “en ningún momento sucedió eso y, si yo me hubiese percatado que tuviera síntomas de haber sido rociada con gas pimienta o gas lacrimógeno, lo primero que hubiéramos hecho es llamar a los bomberos que estaban ahí para poder auxiliarla y recomendar que no se utilizaran esos implementos”.

La entonces defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH detalló que mientras “seguíamos esperando a que en algún momento llegara la jueza para ordenar la situación”, ella instó en todo momento a que “se reunieran las instituciones responsables para que pudieran tomar decisiones”. Sin embargo, lamentó que el ambiente “no propiciaba la posibilidad de que se reunieran”, porque era un momento “muy difícil y tenso”, aunque insistió en que, en función de su cargo, cumplió “a cabalidad” con todo lo que en aquel momento “podía hacer como defensora de Derechos Humanos”.

Castro recordó que la segunda ocasión en la que entró al Hogar Seguro fue porque así lo solicitaron los educadores que querían hablar con las autoridades, por lo que ella pensó que “ésta era una oportunidad para conversar con ellos, dado que ya se rumoreaba que indicaban que, si las adolescentes volvían a ingresar, ellos se iban a retirar”.

LA PRESENCIA DEL ASESOR PRESIDENCIAL CARLOS BELTETÓN

Al ingresar, observó que cerca de los educadores se encontraban Carlos Rodas, el procurador de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Harold Flores, la jefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus formas, Brenda Chamán y el director del Hogar Seguro, Santos Torres. Además, a preguntas del fiscal confesó que en el interior del Hogar, logró ver “de reojo a un señor que me indicaron que era de apellido Beltetón y con quien yo jamás platiqué y nunca tuve el gusto de conocerlo, por lo que solo supe que estaba ahí, pero jamás se acercó a mí, dado que en ese momento nosotros estábamos prácticamente por retirarnos”.

De esta manera, se refirió al asesor presidencial Carlos Abel Beltetón, quien tuvo un papel relevante el 7 de marzo, después de que entregara su teléfono al jefe de la Comisaría 13, Wilson Petronilo López Maldonado, para que pudiera hablar con el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien le giró la instrucción de nombrar a 100 agentes de la PNC como apoyo a la SBS para atender la situación.

Según Castro, lo primero que ella indicó a los educadores es que lo que va a “imperar siempre va a ser el interés superior del niño”, si bien “se molestaron y empezaron a gritarnos que por culpa nuestra se satanizaba el Hogar Seguro por nuestras declaraciones en los medios de comunicación”. Así, los trabajadores manifestaron a las autoridades que no “aguantaban más” porque no tenían medios para enfrentar este tipo de conflictos con adolescentes que eran “asesinos, violadores y prostitutas” y que los habían “golpeado”.

La funcionaria les pidió que interpusieran las denuncias ante el MP y les explicó que, en su momento, se puede pedir a la Defensoría de las Personas Trabajadoras de la PDH que conversase con los educadores para que hubiera una mediación con la SBS, con el fin de lograr “mejores beneficios para realizar sus labores”, entre ellos, el seguro de vida que reivindicaban.

No obstante, Castro lamentó que una trabajadora del Hogar Seguro “salió de forma agresiva del grupo, invadió mi espacio personal y me agitaba las manos al frente, por lo que me quise hacer para atrás, pero tenía un árbol y no podía, de modo que en ese momento sentí que esa persona me iba a agredir”.  Al ver esa situación, sus compañeros de la PDH, que eran “siete u ocho personas” apartaron a la defensora de la Niñez y Adolescencia del grupo y “nos retiramos para conversar entre nosotros a ver qué hacíamos, porque ya no podíamos hacer tampoco más”, después de que “habíamos mediado, habíamos tratado de dialogar con las adolescentes y entendíamos la problemática que se estaba viviendo en ese momento”.

Castro se negó a responder a la pregunta del fiscal sobre si las autoridades presentes realizaron algún tipo de acuerdo sobre qué postura adoptar con las y los adolescentes que aún permanecían a las afueras del Hogar. Sin embargo, admitió que sí rubricó un acta, aunque aclaró: “no solo la firmé yo, sino que firmamos todos”, refiriéndose así al resto de autoridades: Carlos Rodas, Anahí Keller, Harold Flores y el subcomisario de la PNC, Luis Armando Pérez Borja.

En esta acta, que se terminó de realizar a las 23.15 horas, se constata que “en reunión con personal de las instituciones mencionadas (SBS, PGN, PDH y PNC) se toma la decisión de retomar el orden por parte de la PNC, siempre resguardando la integridad de los adolescentes y no vulnerar los derechos de los mismos”.

Asimismo, recoge que “el licenciado Flores, así como el licenciado Torres solicitan apoyo a PNC con elementos para resguardar el interior y exterior del Hogar”, mientras que establece que “los monitores y monitoras se niegan a recibir a los y las adolescentes que ocasionaron el conflicto por las amenazas recibidas, ya que sus vidas corren riesgo, así como los otros niños, niñas y adolescentes corren riesgo por las personas que ocasionaron los destrozos al interior”.

La exdefensora de la Niñez y Adolescencia se limitó a decir que, una vez suscribieron esta acta, llegaron al consenso con sus compañeras de llamar a las autoridades de la PDH para que “puedan auxiliarnos y ver qué hacemos”, por lo que Ana Lucía Peláez, quien tenía el número de teléfono de la entonces procuradora adjunta dos Gilda Morales la llamó “y cuando retornó al grupo nos indicó que nos debíamos retirar de la institución”.

Al salir del Hogar Seguro, Castro se percató de que las y los adolescentes “estaban sentados tranquilos frente al portón” de forma separada e inclusive las mujeres “estaban hasta cantando en ese momento”, por lo que la SBS “ya podía tener nuevamente el resguardo de los adolescentes, que es su mandato”. En el lugar, según recuerda, también estaba la PGN y la PNC, por lo que “nosotros nos retiramos y eran casi las 23.30 o 00.00 horas” y, en ese instante, “jamás iba yo a adivinar” lo que iba a suceder al día siguiente con el incendio.

NO SE HABLÓ DE CASTIGOS Y ENCIERROS

Castro remarcó que, durante el tiempo que ella estuvo en el Hogar Seguro, “jamás” escuchó “en ningún momento” a ninguno de los funcionarios del resto de instituciones presentes hablar “de castigos ni de encierros”, para las niñas, ya que, en tal caso, destacó que ella “hubiera intervenido” para impedirlo. De lo que sí se habló, según desveló, es de lograr el “control” para tener a los adolescentes “tranquilos para poder ver que se ingresaba y, mientras tanto, continuábamos esperando lo principal, que era el Organismo Judicial para que pudiera tomar sus decisiones”.

Preguntada por el fiscal Ordóñez si cuando ella se retiraba del Hogar, las autoridades de la SBS, PGN y PNC le indicaron dónde iban a ubicar a las adolescentes o qué iban a hacer con ellas, la funcionaria recuerda haber escuchado a Anahí Keller mencionarle que “puede ser en educación”, en referencia a “varias aulas” que había en el interior de las instalaciones. “No es un aula”, precisó, a la vez que incidió en que “en ningún momento yo supe de ningún tipo de encierro, ni que iban a colocar a cincuenta y pico niñas”.

Además, desveló que Keller incluso le habló de colocar “literas”, algo que Castro desaconsejó, dado que se podían convertir en un “objeto con el que puedan hacerse daño ellas mismas o hacer daño a otra persona”, teniendo en cuenta que en la visita que hizo a uno de los módulos, observó literas “desatornilladas y con los tubos quitados”, tras la fuga masiva de adolescentes horas antes.

En este sentido, consideró que siempre estuvo pensando que a las niñas las iban a colocar “en el área de educación, pero no en un aula, sino en varias”, tomando en cuenta que, “si pensaban colocar literas que son grandes, no creo que en ese momento hubieran estado pensando en colocarlas en una habitación tan pequeña”.

Por otra parte, apuntó que Harold Flores llegó al Hogar a las 18.00 horas aproximadamente del 7 de marzo, tras haberle llamado ella telefónicamente avisándole de la situación. A su llegada, Castro le preguntó si iba a haber otros hogares de protección y abrigo para trasladar a las adolescentes, si bien incidió en que esa decisión “únicamente la puede hacer un juez”. Castro desveló a la jueza que incluso “propusimos espacios a donde se los pudieran llevar en cuanto llegara la jueza” para realizar la exhibición personal, que, sin embargo, nunca llegó ese día.

Así, defendió que “se escuchó a las y los adolescentes que se encontraban frente al Hogar, así como a los educadores, aunque lastimosamente, no se pudo llegar a un acuerdo”, por lo que “me retiré del Hogar con la autorización de una de nuestras jefas superiores”, teniendo en cuenta que “nunca omití mis deberes, ni incumplí absolutamente mis funciones como defensora de los derechos de la niñez”.

Cuestionada por el fiscal por la forma en la que se enteró del incendio, Castro explicó que el 8 de marzo de 2017, llegó a las siete de la mañana a su oficina para prepararse de cara a regresar ese día al Hogar Seguro para darle seguimiento a la situación y “ver qué había sucedido”. En el transcurso de la mañana, se enteró de la tragedia cuando los medios de comunicación comenzaron a contar lo que había sucedido, por lo que volvió a conformar un equipo y se dirigió a San José Pinula, adonde llegó “como a las 9”, aunque reconoció que no recuerda la hora exacta.

Asimismo, el fiscal quiso saber si cuando llegó al hogar pudo constatar que el lugar donde se dio el incendio era una sola aula y si era acorde a lo que le habían manifestado las autoridades de la SBS en cuanto a que iban a ser varios espacios donde las iban a colocar. “Sinceramente, en ese momento yo esta totalmente en shock, angustiada, preocupada y dolida por la situación, por lo que cuando llegué al Hogar yo realmente no podía percatarme de todas esas situaciones, pero había un equipo bastante amplio de la PDH que seguramente pudo hacerlo”, zanjó.