TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA
La subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín, acusada de ser la persona que tardó 9 minutos en abrir la puerta del aula incendiada del Hogar Seguro en la que estaban encerradas ilegalmente 56 niñas, lo que causó la muerte de 41 de ellas, podrá salir de la cárcel Mariscal Zavala el próximo martes, 31 de octubre, para asistir a la graduación de su hija, que tendrá lugar en un colegio de Jutiapa.
Así lo autorizó este viernes la jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, tras la petición que hizo el abogado de Marroquín para que su patrocinada pueda acudir el 31 de octubre a la misa que se celebrará previo a la graduación de su hija.
Concretamente, la jueza dio permiso a la sindicada para que pueda abandonar la cárcel a las 02.00 horas del martes y deberá partir de Jutiapa hacia Ciudad de Guatemala a las 16.00 horas, bajo la “estricta responsabilidad y acompañamiento” del Sistema Penitenciario (SP), que tendrá un plazo de 24 horas para enviar un informe al Tribunal Séptimo informando sobre la diligencia del traslado de ida y vuelta desde Mariscal Zavala hasta el colegio, ubicado en la zona 3 de Jutiapa.
Será la primera vez que Marroquín abandone la cárcel más allá de para acudir a las audiencias judiciales, después de que fuera detenida el 12 de junio de 2017. Posteriormente, el 24 de junio de ese año, el entonces juez del Juzgado Cuarto Carlos Guerra decretó para ella prisión preventiva por riesgo de fuga y de obstrucción a la averiguación de la verdad tras ligarla a proceso por los delitos de homicidio culposo y maltrato contra personas menores de edad. El 19 de febrero de 2019, el nuevo juez del Juzgado Cuarto Pedro Rodolfo Lainez la envió a juicio oral y público por los citados delitos y también por lesiones culposas.
Precisamente, la subinspectora ha logrado el permiso pocos meses antes de que el 10 de enero de 2024 sea juzgada en un debate oral y público en el Tribunal Séptimo, junto al subcomisario de la PNC, Luis Armando Pérez Borja, el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH Gloria Castro, el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres y la exjefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en todas sus Formas de la Secretaría de Bienestar Social, Brenda Chamán.
La jueza del Tribunal Séptimo resolvió autorizar su salida de la cárcel porque “se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley del Sistema Penitenciario, que establece los derechos fundamentales de las personas reclusas”. Así, indicó que Marroquín ha acreditado con una carta de la directora del nivel medio de diversificado del colegio el evento que va a tener su hija, que, según recordó, es una persona menor de edad “y en este caso se debe hacer una ponderación de derecho y tomar en consideración lo que establecen las leyes específicas en cuanto a los tratos y derechos que tiene una persona menor de edad”.
Tras otorgar el permiso, Cifuentes anunció que va a girar los oficios que en derecho corresponde a las comisarías para que “brinden la seguridad y el acompañamiento necesario”, al tiempo que va a girar un oficio de forma urgente al SP para que se ordene el traslado de Marroquín a Jutiapa. Así, indicó que, si por alguna situación de personal o logística o por las cuestiones que están pasando en las carreteras, el SP tuviera algún impedimento, se lo tendrían que hacer de su conocimiento y explicar por qué razón no pueden trasladar a la subinspectora de la PNC.
MP, MTM Y FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES NO SE OPONEN
Por su parte, el fiscal de Femicidio del Ministerio Público, Edgar Gómez, no se opuso a la solicitud de Marroquín, ni tampoco lo hicieron las representantes de Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y la Fundación Sobrevivientes. Concretamente, el fiscal señaló que no tiene objeción a que se le concediera el permiso, “siempre y cuando se garantice por parte del SP el traslado en condiciones de seguridad, así como la seguridad en el lugar del acto de graduación, tanto para Lucinda, como para las demás personas que participen”.
Así, Gómez citó las Normas de Nelson Mandela, aprobadas por las Naciones Unidas, que establecen las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, entre ellas, “la posibilidad de que las personas privadas de libertad puedan participar en eventos de la vida familiar que son importantes y trascendentales, tales como el nacimiento de un hijo, el matrimonio y en este caso la graduación de una hija”.
Sin embargo, lamentó que el SP no ha presentado cuál será el protocolo para cubrir el traslado de Marroquín a Jutiapa respecto a “cuántos vehículos y cuántos elementos de seguridad” la acompañarán para esta diligencia y “de ser factible”, propuso oficiar a la comisaría 21 para que brinde la seguridad perimetral y en el exterior del colegio en el que se desarrollará el acto litúrgico y la graduación.
Por su parte, la abogada de MTM se adhirió a lo manifestado por el fiscal y pidió que se oficie a la subestación de la PNC de Jutiapa para que agentes acompañen a Marroquín, con el fin de resguardar la seguridad perimetral en el establecimiento educativo.
En similares términos se expresó la representante de la Fundación Sobrevivientes, quien defendió que “debe atenderse a esta solicitud en respeto a los derechos humanos de la sindicada y su hija”, tomando en cuenta que, si Lucinda no acudiera a la graduación, “podría causar un daño moral e irreparable en la vida de la adolescente y sería también victimizarla por parte de nuestro sistema de justicia”.
EL TRASLADO “LASTIMA” A LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS
Por el contrario, el abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Edgar Pérez, quien representa a 13 víctimas, se opuso a otorgar el permiso a Marroquín, dado que este tipo de peticiones “siempre lastiman” a las familias de las niñas a quienes hace más de seis años “se les negó ese derecho” de compartir un momento familiar con sus hijas que fallecieron en el incendio del Hogar Seguro el 8 de marzo de 2017.
Además, criticó que “no existe un plan operativo” para que no se concretice un “latente riesgo de fuga” en el traslado, teniendo en cuenta que se plantea realizarlo a las dos de la madrugada y “solo la nocturnidad es un alto riesgo”. Pérez añadió que “sabemos que estamos pasando en el país un momento político muy difícil donde se ha quebrantado prácticamente la institucionalidad democrática y hay una reacción del pueblo a través de manifestaciones y la carretera hacia Jutiapa no es la excepción”.
En similares términos se expresó Juanita Pérez, abogada mandataria de la querellante Vianney Hernández, quien señaló que la petición de Marroquín genera “preocupación y mucho sentimiento” en las familias de las víctimas, teniendo en cuenta que “en los hechos ocurridos en 2017 resultaron víctimas 56 menores de edad que no tuvieron la oportunidad de llegar a un momento tan importante como éste”, en referencia a la graduación de la hija de la subinspectora de la PNC. Asimismo, mostró su oposición a que salga de prisión, dado que, en su opinión, el peligro de fuga “sigue muy latente y estamos a las puertas del inicio del debate”.
También se opusieron al permiso los representantes de la PGN tanto en su calidad de agraviada, como en su rol de defender a las niñas que no tienen representación, al considerar que los peligros de fuga “siguen siendo latentes”. Por su parte, la PGN en su papel de tercero civilmente demandado tuvo una postura totalmente contraria y estimó “procedente” que se le concediera el permiso a la subinspectora de la PNC.
El abogado de Marroquín convenció a la jueza citando varios artículos de la Constitución, entre ellos, el 1, que establece que ‘el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia’, así como el artículo 47, que habla de la ‘maternidad responsable’ y el 19 que señala que los reclusos ‘deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrá infligírseles tratos crueles’.
También se refirió a la Ley del SP, que contempla que “los centros preventivos deberán favorecer actividades educativas, laborales, deportivas y culturales”, mientras que las personas privadas de libertad que no hayan sido condenadas también “tienen derecho a tener permisos para salir al exterior”. Asimismo, se refirió a las Normas de Nelson Mandela aprobadas por la ONU y de las que Guatemala forma parte, que contemplan que los reos “tendrán oportunidad de comunicarse con el mundo exterior y mantener contacto directo y personal con familiares”.
“En el presente caso, no se trata de beneficiar únicamente a Lucinda, sino a su hija, cuyo padre falleció en 2019, por lo que solo mi patrocinada es la única que tiene relación con ella, de modo que el hecho de que Lucinda llegue a la actividad de graduación le daría cierta seguridad a la señorita, que es una menor de edad, para que pueda compartir sus logros, alegrías y triunfos con su madre”, defendió.
ACUSACIÓN A LUCINDA MARROQUÍN
Según la resolución del juez Lainez, mediante la cual envió a juicio a Marroquín, la subinspectora llegó al Hogar Seguro el 8 de marzo de 2017 a las 03.00 horas, cuando el subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja le ordenó custodiar a 56 adolescentes que estaban encerradas en un aula tras haber escapado el día anterior. Así, señaló que Lucinda tenía la llave del aula y “en su propia declaración indicó que se había quedado con ella y que había abierto la puerta”. Además, varias agentes que la acompañaban declararon en calidad de testigos que la subinspectora fue la que abrió la puerta tras el incendio que mató a 41 niñas y dejó heridas graves a otras 15.
Según el testimonio de una agente, las policías avisaron a Marroquín que “las patojas se iban a quemar, pero ella se quedó como en shock”, mientras que otra policía declaró que, pese a que las agentes gritaron “fuego” y le pidieron que abriera la puerta porque las niñas se estaban quemando, “la jefa no reaccionó”, aunque “cargaba la llave del candado”. Otra testigo que acompañaba a Marroquín en la custodia de las niñas aseguró que la subinspectora “siempre tuvo la llave del aula y no ayudó a sacar a las niñas” tras el incendio. Precisamente, según el juez, fue la propia subinspectora la que entregó la llave del aula en el Ministerio Público días después de la tragedia.
El juez del Juzgado Cuarto manifestó que Marroquín realizó un “acto imprudente, porque no atendió a ese llamado de auxilio cuando tenía el deber de proteger a las niñas adolescentes”. Lainez precisó que “no se le está negando que tuviera la intención de matar a las niñas, porque no provocó el fuego, sino que realizó un acto omisivo sin el cual no se hubiera podido producir ese hecho, al abrir tardíamente la puerta”. Por ello, consideró que Marroquín puede ser sometida a un debate oral y público acusada de los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas.
El fiscal de Femicidio acusa a la subinspectora de “ignorar imprudentemente” el llamado de atención y auxilio de las adolescentes que gritaban que se estaban quemando y de hacer “caso omiso” al resto de agentes de la Policía que también le advertían de que había fuego en el aula y que abriera la puerta.
“No tomó ninguna acción pudiendo haberla realizado desde el inicio, por lo que transcurridos nueve minutos y ante las llamas que salían de las ventanas del salón, abrió tardíamente la puerta y el fuego ya había hecho estragos en las 56 adolescentes: 17 habían fallecido en el lugar, 2 más morirían en el área de Pedagogía y con el transcurso del tiempo, perecerían 22 más en diferentes centros médicos”, detalló el fiscal Gómez.
