TEXTO Y FOTOS: ASIER VERA
La historia de nunca acabar. El debate oral y público por la muerte de 41 niñas y las heridas graves a otras 15 en el Hogar Seguro de Guatemala se hace de rogar y por undécima vez se ha vuelto a suspender hasta el próximo 7 de febrero a las 09.00 horas.
El motivo ha sido la incomparecencia de los abogados de la subinspectora de la PNC Lucinda Marroquín y del subcomisario de la PNC Luis Armando Pérez Borja. Por un lado, los letrados de Pérez Borja, Julio Guillermo Rendón Valenzuela y Edwin Abel Gómez Pastor, presentaron este miércoles a las 15.00 horas una excusa, firmada únicamente por el primero, donde alegaban que no podían acudir a la Audiencia de apertura a juicio porque desde el pasado 20 de septiembre de 2022, les habían notificado de una audiencia de discernimiento de cargo de unos peritos en relación a otro caso que había sido convocada a la misma hora de este jueves en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal.
Por su parte, el defensor de Lucinda Marroquín, Jorge Héctor Ernesto Paul Pineda, planteó una excusa también este miércoles a las 15.05 horas con un certificado médico suscrito por el doctor Daniel Alexis Castillo. Concretamente, manifiesta que le practicaron algunas radiografías de columna y resonancia magnética y lumbar por una hernia discal y le dejaron un tratamiento de 72 horas, al tiempo que le indicaron un reposo mínimo de entre cinco y siete días. No obstante, el letrado únicamente presentó una copia del informe y no la original, mientras que tampoco especificó el lugar exacto en el que se hizo las pruebas.
Asimismo, los abogados de Marroquín y Pérez Borja aprovecharon sendas excusas para solicitar a la jueza titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, un plazo de un mes para imponerse de todas las actuaciones realizadas hasta ahora, teniendo en cuenta que ambos han comenzado hace una semana a defender a los agentes policiales, que son los únicos de las 12 personas sindicadas que se encuentran en prisión preventiva desde el 12 de junio de 2017.
Sin embargo, la jueza no aceptó ninguna de las dos excusas, teniendo en cuenta que se presentaron solo un día antes de la celebración de la Audiencia de apertura a juicio, por lo que “no permitió que los pudiera analizar o les pudiese dar una oportunidad”. Por este motivo, declaró el abandono de la defensa técnica de Marroquín y Pérez Borja, ya que, según recordó, en la audiencia del pasado 19 de enero que se suspendió por un fallo en el sonido de la mega sala, “claramente indiqué fuera de audio a los abogados que, por favor, tenemos audiencia el 26 de enero y que si no se presentan, se les va a declarar en abandono”.
Por ello, Cifuentes aseguró que no cree “justificables” los dos memoriales presentados un día antes de que se celebrara la audiencia, teniendo en cuenta que ya avisó en la pasada a los letrados que ante cualquier situación que les surgiera y que impidiese su comparecencia, hiciesen las “coordinaciones respectivas” para garantizar la defensa de sus sindicados.
En primer lugar, consideró que “no es viable” la excusa presentada por Julio Rendón y Edwin Abel Gómez, abogados de Luis Armando Pérez, porque “si actúan conjunta e indistintamente, es para que si uno no puede actuar, lo pueda hacer la otra persona, situación que no sucedió, por lo que tuvieron que haber realizado todas las diligencias posibles para estar hoy presentes y no provocar más retrasos”.
En cuanto al memorial del letrado de Lucinda Marroquín, Jorge Héctor Ernesto Paul Pineda, la jueza criticó que “ni siquiera tengo acreditado el certificado médico” al haber presentado únicamente una copia y no el original. Además, indicó que tampoco puede oficiar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que le hagan una evaluación médica en Xela donde tiene su sede, tal como solicitaron los querellantes adhesivos, ya que “esto nos llevaría el mes que nos piden para imponerse de las actuaciones”.
Por estas razones, en virtud del artículo 103 del Código Procesal Penal, anunció que, tras declarar el abandono de la defensa, va a oficiar al Instituto de la Defensa Pública Penal para que se designe un abogado defensor, tanto para Marroquín, como para Pérez Borja sin perjuicio de que ambos puedan nombrar a un letrado de su confianza en los próximos días, tal como les permite la Constitución, si bien no pueden ser nuevamente los abogados a quienes ha declarado su abandono del proceso.
La jueza explicó que el Instituto necesitará tres días para que pueda designar dos defensores para ambos sindicados e imponerse de las actuaciones al Tribunal Séptimo. En caso de que el subcomisario y la subinspectora decidan designar a un abogado de su confianza, “debe venir a este Tribunal e imponerse de las actuaciones con antelación” a la fecha de la próxima audiencia: el 7 de febrero.
POSIBLE RECUSACIÓN A LA JUEZA
Ello abre la posibilidad de que los abogados afectados puedan presentar una recusación contra la jueza, así como un recurso de reposición ante el Tribunal Séptimo, al considerar que se ha vulnerado el derecho constitucional a una defensa de los sindicados, lo que podría retrasar aún más el proceso penal a las puertas del sexto aniversario de la tragedia el próximo 8 de marzo.
Cifuentes quiso dejar claro que ella acaba de tomar posesión del cargo como jueza titular del Tribunal Séptimo y que, si ha habido retrasos en el inicio del debate oral y público contra 8 de las 12 personas sindicadas “no ha sido por el Tribunal” que, según defendió, “ha hecho todas las diligencias posibles para que se lleven a cabo las actuaciones”.
En este sentido, recordó que el pasado 9 de enero, se suspendió la Audiencia tras la excusa presentada por quien fuera abogado por ese entonces de Lucinda Marroquín, Julio Rendón, quien presentó una prueba positiva de COVID. Posteriormente, el 19 de enero se volvió a suspender por “situaciones ajenas que escapan hasta a la misma juzgadora”, en relación con el fallo en el sonido de la mega sala que impedía grabar la Audiencia y que, según informó, sigue sin ser solucionado, a pesar del oficio que el Tribunal Séptimo giró el 9 de enero para que estuviera coordinado todo el sistema de audio.
Respecto a las excusas presentadas por los abogados de Lucinda y Luis Armando, Cifuentes ha remarcado que ella se ha caracterizado por ser una jueza de “garantías de los derechos humanos, pero todo tiene una medida” y, en este contexto, criticó que es “muy fácil venir y presentar un memorial un día antes de la Audiencia para que lo venga a resolver en la sala de audiencias con todos los sujetos procesales y eso implica tiempo y responsabilidad para la juzgadora y estar poniendo la cara nuevamente porque son circunstancias ajenas al Tribunal”.
“Se está haciendo un esfuerzo para que este proceso camine”, recalcó, al tiempo que insistió en que los abogados de Luis Armando Pérez Borja podían haber designado a un sustituto que los pudiera cubrir en esta Audiencia de apertura a juicio si ya tenían prevista la otra audiencia desde el 20 de septiembre del pasado año. En cuanto al letrado de Marroquín, censuró que únicamente presentó una copia del certificado médico en lugar del documento original. “Estamos al inicio de un debate serio y merece el respeto de todos los sujetos”, resaltó.
Esta decisión no agradó a la subinspectora de la PNC, acusada de tardar nueve minutos en abrir la puerta del aula del Hogar Seguro incendiada en la que fueron encerradas bajo llave las 56 niñas. Por ello, pidió la palabra para informar a la jueza que “quiero quedarme con el abogado que tengo, el licenciado Pineda y que él justifique con el original la copia del médico. Es mi abogado”.
Sin embargo, Cifuentes se mostró inflexible y le contestó que “yo ya le dejé fuera, señora y cualquier petición la hace llegar ante este Tribunal”. Así, la jueza recordó que “hemos suspendido audiencias, hemos atendido todas las peticiones y hemos dado todas las copias reclamadas”.
A continuación, intervino el subcomisario de la PNC, acusado de los delitos de maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad: “con todo respeto, señora juez, le pido que se le conceda una última oportunidad al abogado de mi confianza al que yo apersoné a este honorable Tribunal. El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho de defensa y ahí literalmente indica que el acusado deberá ser asistido por un abogado de su confianza”, remarcó. Por ello, insistió en solicitar a la jueza que “por el derecho que me asiste, se le dé una última oportunidad al abogado de mi confianza para que siga defendiéndome”.
Tras escucharle, Cifuentes incidió en que “esa decisión que he tomado el día de hoy se les va a notificar a los abogados y entonces ellos podrán hacer los requerimientos respectivos, pero la decisión ya ha sido tomada por parte de la judicatura” en el sentido de que “se le va a designar un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal sin efecto de que usted pueda designar otro abogado”.
“SE ME ESTÁ VIOLANDO EL DERECHO DE DEFENSA”
Lejos de convencerle, Luis Armando Pérez volvió a usar el micrófono para denunciar que “como acusado y sindicado se me está violando el derecho de defensa”. Sin embargo, la jueza precisó que “no se le ha violado porque usted se ha presentado con sus abogados a la judicatura, se les han dado todas las copias, han pedido audios y todo y se les ha dado, pero ellos tenían que venir hoy y lo sabían y, entonces, no es mi responsabilidad”. Cifuentes recordó que la defensa técnica es “sagrada y un derecho que tienen las personas, pero eso no es mi responsabilidad”, ya que, según subrayó, “yo soy la jueza y si sus abogados asumieron llevar su caso, ellos tenían la responsabilidad de estar acá o mandar a alguien. Es mi decisión”, zanjó.
Otro de los abogados que no acudió a la Audiencia de apertura a juicio fue Roberto Antonio Figueroa, defensa de la exjefa del Departamento Especial Contra el maltrato en todas sus formas de la Secretaría de Bienestar Social, Brenda Chamán. Ello provocó que la jueza ordenara llamarle por teléfono y el letrado contestó que “viene en camino”, según reveló Cifuentes, quien recordó que “todos estaban citados a las 08.30 horas”. Así, el letrado del jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Harold Flores, se ofreció a representar a Chamán mientras llegaba su abogado, si bien nunca se hizo presente.
Por ello, la jueza desveló que en la llamada telefónica que se hizo a Figueroa, éste terminó por reconocer que “no venía” y que dejaba la defensa técnica en manos de otro abogado. Por ello, le dio un plazo de 24 horas para que justifique los motivos de su incomparecencia y, si no los indica, “en base a lo que establece el artículo 103 del Código Procesal Penal voy a declarar su abandono y voy a oficiar al Instituto de la Defensa Pública Penal a efecto de que designe un abogado sin perjuicio de que Brenda Chamán pueda designar otro abogado de confianza”. De este modo, advirtió de que “me debe justificar plenamente y convencerme porque, si no es así, se le va a declarar su abandono”.
La jueza del Tribunal Séptimo se mostró en su decisión mucho más estricta que las peticiones que le hicieron tanto el fiscal de Femicidio del Ministerio Público Edgar Gómez, como los querellantes adhesivos, tras conocer las excusas de los abogados de Lucinda Marroquín y Luis Armando Pérez.
EXCUSAS “JUSTIFICADAS” PARA LA FISCALÍA
Concretamente, Gómez estimó que sí estaba “justificada” la excusa de los dos abogados de Pérez Borja, dado que tenían otra audiencia programada desde el 20 de septiembre de 2022, aunque consideró “oportuno” que presenten una constancia del Juzgado Sexto que acredite que comparecieron a la audiencia de discernimiento de los peritos. Sin embargo, lamentó que el debate ya se ha suspendido en varias oportunidades, por lo que abogó por aplicar el artículo 97 del Código Procesal Penal para que tanto el subcomisario como la subinspectora puedan designar a un abogado sustituto que intervenga cuando el titular de su defensa tenga algún tipo de impedimento y así “no dilatar más el proceso”.
En cuanto a la excusa del letrado de Lucinda Marroquín, aseguró tener la “duda e inquietud” de dónde se emitió el certificado médico, teniendo en cuenta que no se indica si fue expedido en Ciudad de Guatemala, Xela (lugar donde tiene su sede) o en Mazatenango, que es donde tiene su domicilio. Pese a ello, también dio por “acreditada” la excusa, si bien reiteró a la subinspectora que sería “conveniente” que pudiera designar un sustituto para que pueda comparecer a las audiencias del debate en caso de que se agrave la enfermedad y necesite más días de reposo. El fiscal de Femicidio también pidió a la jueza que haga el apercibimiento a Brenda Chamán para que nombre a un abogado sustituto, teniendo en cuenta que su letrado, Roberto Antonio Figueroa, tampoco acudió a las audiencias de inicio del debate de los pasados 9 y 19 de enero.
Por su parte, la abogada de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Brenda Maldonado, ha recordado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la revictimización causada por la falta de una justicia pronta y cumplida supone una “clase de tortura” al ser citadas las víctimas a unas audiencias que no se llevan a cabo. Por ello, exigió a los abogados de los sindicados que hagan “juego limpio” y nombren a un letrado sustituto para darle trámite al debate, porque es “inaudito” que nunca comience. Misma petición hizo la representante de la Fundación Sobrevivientes que criticó que los letrados están actuando de “mala fe”, al tiempo que solicitó que el Inacif evalúe la salud del abogado de Lucinda Marroquín.
En similares términos se expresó el abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Edgar Pérez, quien recordó que las familias llevan esperando casi seis años para que inicie el debate, razón por la cual también pidió que, de conformidad con el artículo 97 del Código Procesal Penal, se aperciba a los abogados para que nombren un letrado sustituto, ya que, en caso contrario, “vamos a seguir teniendo nuevas excusas”. Asimismo, pidió que el Inacif evalúe al abogado de Lucinda Marroquín, misma solicitud que hizo la abogada de Vianney Clareth Hernández, una de las querellantes adhesivas.
“NO VAMOS NI POR LA MITAD”
Mientras, Víctor Pérez, abogado de Harold Flores, comparó el Caso Hogar Seguro, con el Caso La Línea, que comenzó en 2015 y finalizó en diciembre de 2022 con la condena a 16 años de prisión al expresidente y exvicepresidenta de Guatemala Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente por un fraude millonario en las aduanas. Pérez recordó que ni siquiera ha comenzado la Etapa Intermedia del caso Cooptación al Estado en el que también está acusado Pérez Molina desde el 2017. Así, explicó que los procesos grandes penales de Guatemala “contemplan innumerables recursos tanto de la defensa como de los querellantes y, en ocasiones, provoca que se dilaten y haya mora judicial”.
De esta manera, estimó que es “importante” que se informe a todos los sujetos que los procesos penales son “largos” y en el Caso Hogar Seguro “no vamos ni por la mitad ahora y vienen las siguientes instancias como amparos y apelaciones”. Por tanto, recalcó que se trata de un proceso que “tardará mucho tiempo más aún”, aunque precisó que él no tiene “ningún interés en atrasarlo”.
Al finalizar la Audiencia, Vianney Clareth Hernández, mamá de Hashley Angely Rodríguez, una de las 41 niñas fallecidas en el incendio del Hogar Seguro, calificó de “excelente” la decisión de la jueza de declarar el abandono de los abogados de Marroquín y Pérez Borja, porque “también nosotras tenemos derechos”. Por ello, dio las “gracias” a Cifuentes y dijo que se “alegra” de su resolución encaminada a que “el debate no se vuelva a suspender”. Hernández no comparte que este caso sea como el de La Línea, ya que la causa que condenó a Pérez Molina es de “corrupción y aquí no hay desfalco hacia el Estado”.
Una última circunstancia que se dio en la Audiencia fue la petición que realizó a la jueza el abogado del exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, para que envíe un oficio al sistema de la PNC, con el fin de que elimine una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal contra su cliente que aún sigue vigente, a pesar de gozar de la medida sustitutiva de arresto domiciliario.
“Sería grave que fuera detenido cuando él está dilucidando su situación jurídica”, avisó. Cifuentes se comprometió a verificar el expediente, ya que, según recordó, ya “se tuvo que haber levantado la orden de captura”, después de que fuera arrestado el 13 de marzo de 2017 e ingresara en prisión preventiva hasta el 29 de septiembre de 2021, cuando fue beneficiado con arresto domiciliario bajo fianza de Q30,000.
