TEXTO: ASIER VERA
FOTOS: MOVIMIENTO NIÑAS NO MADRES Y OSAR
Fátima (nombre ficticio) encontró la justicia a miles de kilómetros del lugar donde nació. Un hombre le arrebató la infancia en Guatemala y cuando debía estar jugando y estudiando, se vio obligada a ser madre tras ser violada desde que tenía tan solo 12 años por el director de la guardaría a la que acudía en una aldea del departamento de Huehuetenango. Además, no pudo abortar al estar prohibido en su país, dado que el artículo 137 del Código Penal solo permite el aborto terapéutico entendido como la interrupción del embarazo para “evitar un peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre”.
Esta situación que sufren miles de niñas podría estar a punto de cambiar, después de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya sentado un precedente histórico al condenar el pasado 19 de marzo a Guatemala por obligar a Fátima a tener un hijo producto de una violación, si bien la resolución no se ha conocido hasta hace unos días.
Concretamente, este organismo considera que, al impedirle abortar, el Estado vulneró sus derechos a una vida digna, a decidir de manera autónoma sobre su cuerpo y a la no discriminación, debido a género, edad, y situación de pobreza de su familia.
El Comité también estima que la falta de información sobre salud sexual y reproductiva, en particular sobre la interrupción del embarazo, y posteriormente sobre la posibilidad de dar un hijo en adopción, impidieron que la niña “pudiera tomar decisiones informadas y tuvieron como consecuencia tanto su embarazo forzado como su maternidad forzada”.
El infierno de Fátima comenzó en noviembre de 2009 cuando el director de la guardería pública a la que asistía, que era como un padre para ella, se transformó en un monstruo y la violó con tan solo 12 años. Los abusos comenzaron mucho antes cuando le besaba la boca y le tocaba las piernas siendo más pequeña.
Pese a que en el 2003 el director dejó la guardería, siguió apoyando económicamente a la familia pagando los costos escolares de la niña. Así, en el 2009, la llevó, con la autorización de su madre, a Ciudad de Guatemala para que lo apoyara en un taller.
Su objetivo era otro. En la vivienda de su propiedad que tenía en la capital de Guatemala, aprovechó cuando la niña dormía para violarla y, posteriormente, la amenazó para que no contara nada.
Nuevamente, el 2 de enero de 2010, el agresor pidió permiso a la madre para invitar a la menor a comer para celebrar el 14 cumpleaños de la niña al día siguiente. Sin embargo, la llevó a un auto hotel donde la violó por segunda vez.
Tras notar su madre que la niña estaba muy deprimida, la llevó al hospital donde le hicieron un examen médico y descubrieron que estaba embarazada de 13 semanas. Pese a ello, no se atrevió a decir quién la había violado, dado que el agresor la amenazó con hacerle lo mismo a su hermana si le delataba.
INTENTOS DE SUICIDIO
El hecho de estar obligada a tener al bebé, la forzó a dejar sus estudios que retomó años después y también le afectó a su salud mental, dado que tuvo dos intentos de suicidio al verse obligada a amamantar a su hijo, a pesar de su deseo expreso de no verlo ni de participar en su cuidado.
Lejos de actuar, la justicia no accionó y, como suele suceder en estos casos, su agresor campa a sus anchas, dado que jamás fue juzgado en un país donde la mayoría de los violadores de niñas y adolescentes gozan de impunidad, muchas veces por el temor de las víctimas o sus familias a denunciar.
Al principio, Fátima no quiso revelar el nombre de su agresor, si bien tras ser atendida por una psicóloga, tuvo la valentía de denunciar al hombre que le cambió la vida: Eduardo Roberto Santiago López, de 52 años, quien trabajaba como funcionario en la Secretaría de Bienestar Social, un organismo del Gobierno de Guatemala que se dedica a la protección de niños, niñas y adolescentes.
La Fiscalía ordenó su captura inmediata, pero no fue detenido y el agresor nunca se entregó a la justicia, aunque telefoneó un día a la madre para admitir su responsabilidad y ofrecerle dinero para que ésta desistiera de las acciones legales.
Por esta razón, tras ver cómo fallaba la justicia en su país, en 2009, Fátima fue una de las cuatro jóvenes de Latinoamérica que acudió a Ginebra para presentar una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas contra sus respectivos Estados por obligarlas a una maternidad forzada después de ser víctimas de violencia sexual. Además, una quinta joven de Perú recurrió al Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Todas ellas alegaron que se habían violado sus derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por más de 170 Estados, de los cuales 18 son de América Latina y el Caribe. Precisamente, la ONU considera que, en el caso de Fátima, el Estado de Guatemala violó el artículo 7 de ese Pacto, que prohíbe la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante.
El pasado 9 de junio se escuchó por primera vez públicamente la voz de Fátima. Fue en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, donde las organizaciones del movimiento ‘Son niñas, no madres’ que han litigado en todo este proceso (Mujeres Transformando el Mundo y el Centro de Derechos Reproductivos) destacaron la “esperanza” que supone la condena a Guatemala.
“HOY HE PODIDO SALIR VICTORIOSA”
“Me gustaría dar la cara, pero la justicia de mi país me ha dado la espalda”, aseguró Fátima en un vídeo que se reprodujo durante la rueda de prensa en el que se escuchó su voz. Así, remarcó que ella decidió contar su historia para convertirse en la “voz de otras niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia”.
No obstante, reconoció que el camino “no ha sido fácil, sino que he encontrado tropiezos”, aunque “hoy he podido salir victoriosa”, gracias a una sentencia de la ONU, que es uno de los “grandes pasos que esperaba en mi vida”.
“Soy una mujer luchadora, guerrera y con muchos deseos de superación, gracias también a ese apoyo psicológico que durante años he recibido para no caer en depresión o en suicidio”, recalcó.
Asimismo, pidió a las autoridades de Guatemala que sean “imparciales” y cumplan con la sentencia, porque muchas veces el Estado “violenta nuestros derechos porque somos menores de edad, mujeres y no tenemos los recursos económicos para salir adelante”.
Fátima ve este “triunfo” como un “camino hacia un espacio más igualitario donde todas podamos sentirnos seguras al momento de salir a las calles y no tener miedo de voltear a ver quién nos persigue”. No obstante, recordó que en Guatemala, se siguen dando violaciones a los derechos de las niñas también por “falta de justicia”.
LA “EPIDEMIA SILENCIOSA” DE EMBARAZOS EN NIÑAS
Han tenido que pasar seis años desde que se denunció el caso para que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emita una resolución histórica en un país, donde solo entre enero y el 30 de abril de este año, se registraron 754 embarazos en niñas menores de 14 años, incluidas dos de tan solo diez años, según datos del Ministerio de Salud. Entre 2018 y 2024, el Registro Nacional de las Personas documentó más de 14.000 partos en niñas de 10 a 14 años, un promedio de 2.000 por año.
La coordinadora de programas del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), Ana Victoria Maldonado, revela que, de enero a mayo de este año, se contabilizan en Guatemala 884 niñas de entre 10 y 14 años que han registrado un nacimiento.
En el 30 por ciento de los casos, según desvela, el agresor tiene más de 31 años e incluso “tenemos casos documentados donde un hombre de 73 años estaba con una adolescente de 16 o 17 años”. Así, Guatemala registró en 2023 una tasa de fecundidad en niñas menores de 15 años de 2,2 nacimientos por cada 1.000 en ese grupo de edad.
Una de las asignaturas pendientes en la legislación guatemalteca es elevar la edad mínima para mantener relaciones sexuales, ya que en la actualidad el artículo 173 del Código Penal la se sitúa en los 14 años, por lo que solo por debajo de este límite se considera una violación.
Además, el Congreso de Guatemala rechazó en 2017 una iniciativa impulsada por la organización Mujeres Transformando el Mundo que planteaba que las niñas menores de 14 años que hubiesen sufrido una violación pudieran abortar en el sistema público de salud dentro de las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, esta situación podría cambiar tras la condena de la ONU, que solicita al Estado de Guatemala “realizar las adecuaciones normativas necesarias para asegurar que todas las niñas víctimas de violencia sexual, como lo es el incesto o la violación, tengan acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo prosiguiendo sus esfuerzos en relación a la iniciativa de ley para despenalizar el aborto en los casos de violación de niñas”.
Asimismo, pide a Guatemala que “emprenda acciones para prevenir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo mediante el mejoramiento de la educación sexual integral, con la creación de campañas de sensibilización pública, así como en el ámbito de administración de justicia”.
También solicita al país centroamericano que “desarrolle políticas adecuadas de adopción y establezca un sistema de registro de casos de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada en niñas y adolescentes que permita monitorear el avance en la erradicación de estos casos”. Concretamente, el Comité de la ONU da un plazo de 180 días al Estado de Guatemala para que le remita información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen.
EMBARAZO DE “ALTO RIESGO”
En el caso concreto de Fátima, el Comité de Derechos Humanos de la ONU obliga a Guatemala a “repararla íntegramente por el daño sufrido, incluido mediante una indemnización adecuada; reparar la afectación a su proyecto de vida, incluido el apoyo para que pueda terminar su educación superior y proporcionarla atención psicológica especializada para ella y su hijo nacido de la violencia sexual”.
La ONU también exige a Guatemala que la víctima tenga acceso efectivo a la justicia mediante un “avance eficiente” del proceso penal contra su agresor, mientras que, por otro lado, obliga al Estado a “llevar a cabo un reconocimiento público de responsabilidad” por todas las violaciones a los derechos que sufrió la niña.
En su resolución, el Comité recuerda que el Estado de Guatemala negó el aborto terapéutico a la menor al considerar que su vida no estuvo en peligro. Sin embargo, la ONU constata que dos informes psicológicos realizados a la niña exponían que presentaba afectaciones graves a su salud física y que el embarazo era de por sí de “alto riesgo”.
Por ello, reprocha al Estado de Guatemala que “no tomó ninguna medida que hiciera posible la aplicación efectiva del aborto terapéutico” en el caso de Fátima. Además, recuerda que, durante la cirugía de cesárea, la presión arterial de la menor “bajó tanto que su vida estuvo en peligro”, al tiempo que tuvo una hemorragia.
Todo ello unido a la afectación que el embarazo producto de violación sexual tuvo “en la salud mental, física y social y en el proyecto de vida” de la niña, incluido en su capacidad de proseguir sus estudios.
“El Comité considera que la autora sufrió un elevado nivel de angustia provocado por una combinación de actos y omisiones atribuibles al Estado”, señala, al tiempo que recuerda que la niña “había tenido dos tentativas de suicidio en rechazo a su embarazo forzado como tentativa de escapatoria a su futura maternidad forzada”.
La decisión de caso Fátima se suma a condenas previas de la ONU contra Ecuador y Nicaragua (casos Norma, Lucía y Susana en enero de 2025) y contra Perú (caso Camila en 2023 ante el Comité de Derechos de la Niñez).
La coordinadora del Movimiento ‘Son Niñas, No Madres’, Marianny Sánchez, recuerda que América Latina y el Caribe tiene la tasa más alta en partos de niñas menores de 15 años a causa de la violencia sexual, algo que tacha de “epidemia silenciosa”. “¿Qué significa para una niña convertirse en madre? Una infancia robada, una educación interrumpida y sueños que se ponen en marcha y, a veces, son desechados para siempre”.
Por ello, destaca que cuando hay dictámenes como el de la ONU, suponen una “esperanza para cambiar el futuro de las niñas y, sobre todo, rompemos la inercia del silencio de las sobrevivientes”.
En este sentido, la directora de MTM, Paula Barrios, lamenta que, en Guatemala, se ha “normalizado” el “flagelo” de la maternidad impuesta a las niñas por la violencia sexual, mientras que la justicia para ellas sigue siendo una “deuda del Estado”, porque hace falta una “respuesta para que estos hechos no queden impunes”.
Además, ante la falta de una educación integral sobre sexualidad, “se dan casos de niñas que dicen que hasta que no recibieron su primera clase sobre su cuerpo, no identificaron que lo que hacía su papá era violarla”.
En similares términos se expresa la directora de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos, Carmen Cecilia Martínez, quien censura la “desidia” de los estados por la falta de acceso al servicio de salud sexual y reproductiva, ya que, si se garantizase, “se pudieran tomar medidas para prevenir el flagelo de la violencia sexual generalizada contra las niñas en toda la región”.
“Ninguna niña debería ser obligada a llevar el embarazo de su violador y hacerlo le arrebata los derechos más fundamentales y, por tanto, es un acto de crueldad”, concluye.
